La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública denuncia que el Gobierno de Feijóo está derivando de manera masiva pacientes a centros privados mientras, por el contrario, ha paralizado la actividad asistencial en los públicos con el argumento de luchar contra la pandemia del coronavirus

Unidades como cirugía o traumatología se mantienen prácticamente cerradas en los principales hospitales gallegos, denuncia la AGDSP / Creative Commons

Para la entidad, esta situación «afecta al tratamiento y seguimiento de enfermos que precisan atención sanitaria» y «no parece justificable» mantener el cierre de servicios dado que el número de casos que requieren hospitalización se ha reducido notablemente, e incluso en algunos centros no hay ninguno.

Por otra parte, señalan que el otro argumento de la Xunta para derivar pacientes a la privada para evitar el riesgo de contagio tampoco se sostiene con la actual situación de control de la pandemia, además de que en los centros concertados con la Administración gallega «existe el mismo riesgo».

SITUACIÓN EN PONTEVEDRA

Como referencia, la asociación señala que en el Complejo Hospitalario de Pontevedra «la situación resulta especialmente preocupante «pues las unidades de cirugía y traumatología se encuentran prácticamente cerradas mientras la mayoría de casos y pruebas son derivados al Hospital Quirón, perteneciente a la multinacional alemana Fresenius. 

Por este motivo, el colectivo considera «inaceptable» el hecho de mantener paralizada la actividad asistencial en los centros públicos, tanto por el riesgo que supone para el agravamiento y las complicaciones de los enfermos con patologías crónicas y degenerativas, como por el incremento que está provocando en las listas de espera y la maximización del beneficio privado a costa de los recursos públicos. 

Por ello, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública exige la reanudación inmediata de la actividad normal y la reapertura de las salas y servicios clausurados, así como la puesta en marcha de un plan para incrementar la actividad de los centros públicos mediante una política de incentivos profesionales, la contratación del personal que sea necesario y el pleno aprovechamiento de los centros públicos, abandonando la política de derivaciones masivas de pacientes a centros privados.