En el año 2017, el organismo oficial publicó un documento en el que dejaba en evidencia las numerosas carencias del Gobierno gallego en materia de inspección y control de los geriátricos de la comunidad.
En su “Informe de Fiscalización del Gasto en Atención Residencial a Personas Mayores y Dependientes” señala que algunas de las incidencias detectadas en las actuaciones de control en los centros residenciales, también recogidas en las actas de inspección de los servicios sociales “se refieren a incumplimientos en materia de personal, fundamentalmente de la ratio del personal de atención directa y la no diferenciación de funciones por categorías profesionales“. Además, se observa un “uso inadecuado de las instalaciones“, así como “deficiencias en los protocolos de funcionamiento“. También “falta de rigor en los registros” y “no actualización de los datos del Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPPS)“.
Subrayando la gravedad de estos hechos, el Consello de Contas señala que a pesar de tener conocimiento de estos hechos, “las irregularidades observadas no se corrigieron” y “no se iniciaron expedientes sancionadores“.
Además, desde el organismo se indica que “se apreciaron diferencias en la ratio de personal de atención directa entre los centros gestionados con medios propios y los gestionados externamente, resultando una media teórica de un 9% superior en los primeros“. En este sentido el Consello de Contas señala que “la diferencia en la ratio de personal de atención directa es un factor que puede repercutir en la calidad del servicio, y también en la valoración otorgada a la calidad por los residentes y familiares”.
La entidad publica asimismo que los gastos de las residencias públicas gestionadas por la Xunta “experimentaron un descenso de un 7,1% en el ejercicio 2015 con respecto al ejercicio 2010, debido a las medidas de contención para corregir el déficit público y la no cobertura de las ausencias en las jornadas mediante contrataciones temporales”, descendiendo los gastos de funcionamiento desde el año 2012 “a pesar de que el número de plazas residenciales permaneció casi inalterable”.
El Consello de Contas recuerda al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo que la oferta de plazas públicas es “claramente insuficiente”, y recomienda al Ejecutivo la optimización de los recursos públicos disponibles “mediante la total ocupación de las plazas residenciales existentes en los centros propios”.
Por otra parte -reseña el organismo-, la incorporación de nuevos centros residenciales al sistema “debe acompañarse de un incremento del número de efectivos de la Inspección de Servicios que refuercen la vigilancia” y el reforzamiento de la labor inspectora “debe dirigirse a vigilar los incumplimientos de la normativa o estándares de calidad exigidos, adoptando las medidas correctoras y sancionadoras que sean precisas”.
NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MODELO EN LAS RESIDENCIAS
Para el portavoz parlamentario de Galicia en Común-Anova Mareas Antón Sánchez, ante la situación mostrada por el Consello de Contas hay que conseguir “con urgencia” que “la mayor parte de las residencias de Galicia privatizadas por los Gobiernos de Feijóo pasen de nuevo a la gestión pública”.
“¿Cómo calificar el hecho de que durante años la Xunta de Galicia mirase hacia otro lado cuando se incumplía la normativa en las residencias, se permitiese así el beneficio privado en detrimento de mayores y trabajadoras y se hiciese con empresas amigas?” -se pregunta el diputado en su cuenta de Facebook-.
Para el también portavoz nacional de Anova, en la actuación del Gobierno de Feijóo “se ha demostrado que el poner el negocio por encima de la salud cuesta vidas” y “los datos no engañan” pues a día de hoy, casi la mitad de víctimas mortales por coronavirus en Galicia han tenido lugar en las residencias. Por este motivo, para el responsable político, darle la vuelta a esto “es una urgencia y una obligación en un país con una población cada vez más avejentada”.
