Indignación entre asociaciones ecologistas y formaciones políticas por la autorización ambiental concedida por el Gobierno gallego del PP a Naturgy, que recientemente ha utilizado explosivos para detonar parte de la cumbre de la denominada Serra do Gontón, en Cabana de Bergantiños (A Coruña), y talado centenares de árboles en una masa de pinar de alto valor ecológico en las inmediaciones de una zona protegida a nivel europeo por la Red Natura 2000.
En 2017, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), ya advirtió que el proyecto presentado por la empresa analizaba «de modo muy incorrecto» el impacto del parque eólico sobre el medio natural de esta serranía costera, tanto por evaluar de manera «claramente deficiente» los impactos sobre flora y fauna (especialmente a nivel de aves y quirópteros) como por no apreciar la altura total de los aerogeneradores (de 151 metros en la posición más alta de las palas de los rotores), así como un plan de vigilancia ambiental insuficiente.
Además, la entidad alertó del importante impacto visual en una zona de «muy elevada calidad paisajística» y de la necesidad de tener en cuenta las directivas europeas por las posibles afecciones sobre los hábitats de conservación prioritaria y de interés comunitario (92/43/CEE).
En el verano de 2018, el polémico proyecto eólico llegó al Parlamento Gallego de la mano del grupo parlamentario de En Marea. El diputado Antón Sánchez, después del visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente al plan ambiental de la empresa, recordó entonces que el parque eólico de Mouriños era «el ejemplo perfecto para el beneficio de las grandes eléctricas», completamente ajeno al desarrollo económico local y que no dejaría ni un euro en concepto de canon eólico. «Este modelo insiste en un modelo donde vuelan los beneficios producidos por el viento, que no sirve para dinamizar la economía rural y donde prevalece el descuido ambiental y paisajístico» -afirmó Sánchez al respecto-.
EQUO Galicia, en una visita a la zona por la misma época, consideró el proyecto como «un nuevo ataque» al patrimonio natural y paisajístico de la zona permitido por la Xunta, a la que acusó de primar los intereses empresariales al interés público ambiental.
En 2019 y ya con el proyecto en marcha, ha sido la Asociación Salvemos Cabana la que ha puesto el grito en el cielo, afirmando que «si bien la lucha ecologista y las gestiones llevadas a cabo en los últimos años en mayor o menor medida y a distintos niveles» por diversas entidades han conseguido la conservación del primer pico de la sierra (Pico de Sinde), «la triste realidad es que el resto de este singular espacio natural tiene los días contados» por la realización de cambios irreversibles en diversas zonas del macizo costero.
Esta y otras entidades ecologistas se preguntan ahora ante esta situación y las más de 100 alegaciones presentadas al proyecto «para qué sirve» una Consellería de Medio Ambiente «que se muestra incapaz de proteger de manera efectiva la naturaleza y la integridad del territorio» y «si este es el modelo que defiende para Galicia el actual presidente de la Xunta», en el que «lugares de alto valor paisajístico se transforman por imposición en suelo industrial utilizando la declaración de utilidad pública y las expropiaciones forzosas a beneficio de los grandes intereses empresariales».
