El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha augurado que la causa contra él por presunto delito contra la autoridad tras participar en una protesta en 2014 durante una visita del exministro de Educación José Ignacio Wert «quedará en nada» y ha asegurado que si su delito fue acudir a una manifestación para «luchar por la educación pública», lo «repetirá todas las veces que haga falta».

Así lo ha indicado el número tres del partido morado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, en referencia a la causa penal abierta por el Tribunal Supremo contra el también diputado de Unidas Podemos.

«Si mi delito es que fui a una manifestación a reivindicar y luchar por la educación pública, en la que el gobierno del PP decidió llevar 300 antidisturbios a golpear a la población canaria que estaba pidiendo que se acabarán los recortes… si ese es mi delito, lo repetiré todas las veces que haga falta. No me arrepiento ni un minuto de haberlo hecho. Si se volviera a convocar la manifestación mañana, volvería a ir a pesar de que recibimos palos», ha remachado Rodríguez.

El dirigente de la formación morada ha asegurado que este caso es «otro montaje» para desestabilizar a Podemos y atacar al Gobierno, si bien de «menor calibre» que la petición de investigación contra el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la pieza ‘Dina’.

«No hay absolutamente ninguna prueba y pasará lo mismo que en el asunto de Dina, que quedará en nada», ha zanjado Rodríguez.

La Sala de lo Penal del Supremo decidió abrir causa penal a Alberto Rodríguez Rodríguez al considerar que existen indicios de que pudo cometer delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. La Sala ha designado instructor al magistrado Antonio del Moral.

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

El juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa.