Desastre ambiental provocado por anteriores labores mineras en Touro / Aldea Viva

La asociación rechaza las manifestaciones de “sostenibilidad” del proyecto extractivo efectuadas por la minera al considerar que es la propia empresa la que advierte en la documentación presentada a tramitación “de las graves consecuencias que podrían suponer para la población y el medio ambiente la hipotética falla de los diques que contienen los depósitos de estériles” dado que “no se puede garantizar un mantenimiento indefinido de los mismos”.

La asociación apela al denominado “Principio de Precaución” y a la responsabilidad del Ejecutivo gallego “para no dar luz verde” a un proyecto “que puede provocar un desastre medioambiental sin precedentes en una zona gravemente afectada por los drenajes ácidos procedentes de la etapa de explotación metalífera desarrollada desde 1973 a 1986”.

En este sentido, considera “irresponsables” las declaraciones del titular de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, que en días pasados acusó a grupos políticos y sociales en lucha contra el proyecto de estar en contra de la minería y del empleo “por motivos ideológicos”.

Para Aldea Viva no se trata de una motivación “ideológica” sino “ecológica”, pues pretender la autorización de un proyecto extractivo de grandes dimensiones como defiende Conde sin la restauración previa de los pasivos ambientales derivados de anteriores labores mineras “denota un desconocimiento evidente” del denominado “Principio de Precaución”.

Este principio, advierten, “es un pilar fundamental” de cualquier política industrial desarrollada a nivel continental y se menciona en el Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con la pretensión de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de riesgo.

Así, el Principio de Precaución o Cautela (como también se denomina), forma parte de un enfoque estructurado del análisis de riesgo y, según ha manifestado públicamente la Comisión, “también es pertinente en términos de gestión de riesgo”, y se refiere a casos en los que “hay motivos razonables para creer que los efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los animales y las plantas no responden al alto nivel de protección establecido por la UE“.

 

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