A primera hora de este jueves la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al ex vicealcalde en la etapa de Rita Barberá, Alfonso Grau, además de a su hija y al empresario de la construcción Jaume Febrer junto a otras diez personas, en una operación simultánea llevada a cabo en València, Alicante, Madrid y Tomelloso, por una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de «mordidas».

La UCO también ha detenido esta mañana al jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, José Luis Vera. El papel que le apunta la investigación es el de haber mediado entre la red y varios ayuntamientos.

La operación desarrollada por los agentes se trata de la segunda dentro del conocido como caso Azud, una causa abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias que investigan un juzgado de València y la Fiscalía Anticorrupción.

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero, ha anunciado el cese inmediato de Rafael Rubio tras la detención y el PSPV le ha suspendido de militancia. Los registros en domicilios y despachos de los arrestados se prolongaron durante más de diez horas y llegaron a requerir la presencia de un cerrajero para que abriese una caja fuerte en el domicilio de Rubio. Además, se han precintado los despachos tanto de José Luis Vera en Divalterra como el de la subdelegación del Gobierno de Rafael Rubio.

Según las investigaciones de la UCO, Grau pudo haber cobrado mordidas de un millón de euros mientras Rubio habría recibido 300.000 euros de la trama por facilitar el derecho de contratación en parcelas de propiedad municipal a empresas constructoras, entre ellas la que pertenecía a Jaume Febrer, Construcciones Valencia Comstitución (CVC), que aunque quedó formalmente disuelta por un juzgado de València en 2013 tras un proceso de liquidación que la mantuvo durante un año en concurso de acreedores, es considerada como el eje central de la trama.

Entre las parcelas de titularidad pública sobre las que el empresario habría adquirido derechos de construcción entre los años 2007 y 2010 habría algunas en el distrito del Marítim, en las inmediaciones del Puerto, y otras, en el de Quatre Carreres.

La Operación Azud tuvo su primera fase en 2019 tras una investigación de la Agencia Tributaria al bufete de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y que derivó en la detención del mismo, y su socio, así como la imputación de su mujer y sus tres hijas, una de ellas recién nombrada asesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

El despacho de Corbín habría actuado de intermediario entre 2005 y 2015 tanto en las adjudicaciones como en el cobro de las comisiones, que eran en especie o en inmuebles vendidos a precios muy ventajosos.

Todos los detenidos fueron llevados a distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en València para mantener la incomunicación entre ellos, ya que la causa que sigue un juzgado valenciano desde 2017 continúa secreta.

Alfonso Graue ya fue condenado a cuatro años de prisión por cohecho y blanqueo de capitales por aceptar relojes de lujo como regalo del empresario Urbano Catalán que era contratista del Ayuntamiento. Grau cambió los relojes en la joyería donde habían sido adquiridos por otros de mayor valor y pagó la diferencia en metálico para «ocultar el origen ilícito» de los obsequios. El ex vicealcalde recurrió la condena ante el Supremo, pero tiene otra causa pendiente en una de las piezas del caso Taula donde está imputado por un presunto delito electoral. Grau también se sentó en el banquillo en el caso Noós, pero fue absuelto.

En el caso de Rafael Rubio, el ya ex delegado está procesado en otra pieza del caso Taula por la contratación de asesores a través de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa que no acudían a trabajar. A pesar de esta imputación, Rubio fue nombrado subdelegado del Gobierno por Pedro Sánchez.

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