La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica acusó este jueves al Gobierno de Daniel Ortega de seguir incumpliendo los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación relativos al restablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas.

La Alianza Cívica entregó una carta al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigo y acompañante del proceso en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente, en la que detallan los incumplimientos.

En el documento exponen nuevos hechos ocurridos el 1 y 2 de abril pasado que, a su juicio, violentan los acuerdos firmados.

En el primer caso, un grupo de «paramilitares» a bordo de motocicletas y armados atacaron la casa de la familia de la doctora María Eugenia Alonso, quien pertenece al Comité de Víctimas de la Represión en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua.

«El ataque fue realizado en presencia de la Policía y está dentro de un esquema de asedio de varios meses hacia la familia Alonso», anotó.

El segundo caso fue sobre Leo Navarrete, un «prisionero político» excarcelado que fue detenido sin orden judicial cuando llegó a una audiencia ante el tribunal en la ciudad de Managua.

Asimismo, la Alianza Cívica denunció que los medios de comunicación escritos no han recibido los insumos como papel tinta y otros, que se encuentran retenidos desde hace seis meses en la Dirección General de Aduanas.

Por tanto, consideró que el Ejecutivo sigue violando los acuerdos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, suscritos el viernes pasado.

«El incumplimiento de los acuerdos resta toda credibilidad al diálogo. El Gobierno debe cumplir los mismos y asimismo reiteramos la urgencia de contar con los garantes internacionales creíbles, tal y como se ha acordado», señaló la Alianza Cívica.

Consideró, además, que el tema de garantes es vital para la credibilidad del proceso de negociación, específicamente para el cumplimiento de los acuerdos.

Al respecto, indicó que hasta la fecha el Gobierno no ha dado muestras de seriedad para el nombramiento de garantes y al incumplir con los acuerdos firmados, el proceso de negociación no genera credibilidad ante la ciudadanía.

El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron este miércoles la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin consenso en los temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados «presos políticos».

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.