Las alianzas estratégicas entre el Polisario y agricultores españoles

El Frente Polisario avanza en su estrategia de establecer alianzas con las organizaciones agrarias españolas. Una política que está dando importantes victorias diplomáticas y políticas a los saharauis ya que permite avanzar por cuatro vías: aumenta y consolida su apoyo social, se reivindica como interlocutor para el Sáhara Occidental, señala la competitividad desleal de Marruecos y el expolio de recursos naturales, y presiona al gobierno español y a la comunidad internacional.

Desde el Polisario no esconden su “satisfacción” por los últimos tratados suscritos, “para nosotros es fundamental seguir mejorando nuestras relaciones con la sociedad civil española” afirman fuentes saharauis en declaraciones a Contrainformación.

Los vínculos entre el Polisario y el campo español vienen de lejos. Tras el abandono español y la ocupación marroquí el conjunto de la sociedad española expresó su solidaridad con el pueblo saharaui, un apoyo transversal que abarcaba casi todo el espectro político ya que iba desde sectores militares que sentían que “traicionaban” a sus hermanos saharauis, hasta el movimiento obrero organizado en sindicatos y partidos. La agricultura no fue una excepción y distintas cooperativas y organizaciones agrarias se sumaron al incipiente movimiento solidario saharaui.

Pero el Frente Polisario ha llevado esta alianza a un estadio superior. Desde hace años la organización saharaui mima sus vínculos con el campo español y lo hace partiendo de un “enemigo” común: Marruecos. La producción hortofrutícola alauí, que en gran medida se concentra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, entra de manera masiva a Europa, donde compite con precios muy inferiores a la producción nacional fundamentalmente por los bajos precios de la mano de obra y los escasos requisitos sanitarios.

El Polisario encontró en las organizaciones agrarias un aliado natural en su lucha contra el tratado agrícola firmado entre la UE y Marruecos. Los vínculos Rabat-Bruselas tienen como antecedente el Acuerdo de Asociación de 1996, que entró en vigor cuatro años después. Sería en 2006 cuando se materializaría un primer Acuerdo de Pesca y en 2012 un Acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos pesqueros. El Frente Polisario ya actuó entonces y recurrió a la Justicia europea para que los acuerdos no afectasen al territorio del Sáhara Occidental, cuyo estatus sigue siendo el de territorio no autónomo pendiente de descolonización. El Tribunal de Justicia de la UE concluyó en diciembre de 2016 que ni el Acuerdo de Asociación con Marruecos ni el pacto sobre la liberalización comercial se debían aplicar al Sáhara Occidental al tratarse de un territorio “separado y distinto” del país ocupante.

Este extremo fue validado por el reciente informe de la organización Mundubat, que publicó un extenso estudio sobre la actividad agrícola en el Sáhara Occidental y el impacto que tenía tanto para la población local como para el mercado europeo.

El documento afirma que “durante las últimas dos décadas, los recursos agrícolas del Sáhara Occidental –fundamentalmente tomates, con un 80% aproximadamente de la producción, además de melones y pepinos concentrados en la región de Dakhla, han adquirido un peso creciente. No tanto por su valor económico (inferior al de los fosfatos y la pesca) como por el papel que desempeñan en la estrategia de Marruecos para reforzar su ocupación del territorio”.

COAG y la UPA abrazan la causa saharaui y presionan al gobierno español

Este escenario facilitó que la alianza estratégica entre el campo español y el Polisario, que no tardó en dar sus frutos. En los últimos años los saharauis han multiplicado sus esfuerzos logrando un importante acercamiento con las poderosas Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Ambas han denunciado públicamente el carácter “ilegal” de los Acuerdos UE-Marruecos integrando en su argumentario la explotación del “territorio ocupado del Sáhara Occidental” como otro motivo más para frenar los tratados con el país vecino.

Pero la presión no solo apunta a Europa, el sector primario señala especialmente al gobierno español, al que exige que lidere una posición dura para salvaguardar los intereses nacionales frente a la “competencia desleal” marroquí.

La reciente sentencia del TGUE, que ratifica que los acuerdos firmados con Rabat no pueden incluir el Sáhara Occidental, ha sido celebrada por COAG que recordó “que exige la paralización del tratado agrícola con Marruecos y que se celebre uno nuevo que excluya toda producción en el Sáhara Occidental”. El Frente Polisario ya se ha reivindicado como interlocutor para la firma de nuevos acuerdos que “sí respeten y beneficien al pueblo saharaui”.

Por su parte, la UPA en Andalucía celebró este mismo martes 4 de octubre un importante acuerdo con el Polisario. Un convenio encaminado a una triple finalidad. Por un lado, UPA desarrollará acciones de apoyo técnico en materia de agricultura y ganadería. Además, habrá aportación de mano de obra saharaui afincada en España para las campañas de temporada en Andalucía. Y también se entregarán equipos y maquinaria agrícola para que el pueblo saharaui pueda desarrollar su actividad encaminada al autoconsumo.

Así lo establece el acuerdo que han firmado el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, y el delegado Saharaui para Andalucía, Mohamed Zrug. Junto a ellos han estado presentes en el acto los vicesecretarios generales de Migraciones, Manuel Piedra; y de Acción Sindical, Roque García; así como el vicepresidente de la Comunidad Saharaui en Europa, Sidi Mohamed Hatem.

El delegado Saharaui en Andalucía, Mohamed Zrug, afirma: “Estamos sumamente satisfechos con la firma de este convenio de colaboración, que tiene una trascendencia fundamental para nosotros por tratarse de una Organización como UPA Andalucía. De esta manera, permitiremos que trabajadores saharauis puedan seguir fortaleciendo su integración y su emancipación económica y laboral en Andalucía, por lo que estamos agradecimos a UPA por dar este paso y abrirnos sus puertas”.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, muestra su satisfacción por la firma de este convenio, que se une a la apuesta de la Organización por ampliar la contratación de jornaleros saharauis procedentes, tanto de los campamentos como de los territorios ocupados, para las distintas campañas de recolección que se desarrollan en nuestras ocho provincias. “Este convenio forma parte de nuestro compromiso por la integración sociolaboral de personas que están en condiciones de trabajar en el campo.

Según el comunicado, “UPA Andalucía prestará los servicios de apoyo técnico y material al pueblo saharaui, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con el ahorro de agua y energía en la agricultura, así como la modernización de infraestructuras en la zona. Una colaboración que podrá realizarse a distancia, a través de medios telemáticos, o con la organización de visitas presenciales. Igualmente, el convenio establece que se pueden desarrollar campañas de donación de maquinaria, materiales o cualquier otro elemento válido para la actividad agraria del pueblo saharaui”.

La firma del convenio se produce 5 días después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea, dando la razón  al Polisario y anulando los acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos. En un fallo histórico cuyas implicaciones irán más allá de lo económico, el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha declarado el pasado miércoles 29 de septiembre ilegales los acuerdos comerciales y de pesca suscritos entre Bruselas y Marruecos en 2018 y 2019, respectivamente, por incluir de forma ilegal al Sáhara Occidental, último territorio no autónomo de África que espera desde hace décadas para ejercer su derecho reconocido a la autodeterminación.

Por su parte, el Frente Polisario ha defendido la búsqueda de un marco legal y justo, basado en el estricto respeto a la legalidad internacional que preserve los beneficios de todos los interesados en los recursos naturales del Sahara occidental.