La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) recuerda que la actuación de colectivos sociales y entidades conservacionistas es fundamental para luchar para se respete la legalidad vigente en la protección del medio ambiente y el interés público frente a los abusos de las élites empresariales que a nivel eólico se han demostrado como una constante en los últimos años.

El colectivo considera que las acusaciones de altos cargos de la Xunta, la patronal y la Federación de Industria de CCOO Galicia son «indecentes y antidemocráticas» y manifiesta su estupor contra el ataque que están llevando a cabo contra el poder judicial y, en concreto, contra los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que fallaron las sentencias sobre los parques eólicos Campelo, Bustelo y Monte Toural, contrarias a los intereses de Greenalia.

Para ADEGA «tales declaraciones son una manifestación más de los abusos y de la política antidemocrática en la que se basa el actual proceso de implantación invasiva de la energía eólica en Galicia, una política energética alineada exclusivamente con los intereses privados de las multinacionales eléctricas, que legisla contra el interés general» tal y como ha quedado de manifiesto en los últimos años en los que la ciudadanía ha visto recortados sus derechos fundamentales en cuanto a participación pública y sufre la opacidad informativa impuesta por la Xunta y una desregulación de las normas que protegen el medio ambiente.

El colectivo ambientalista considera que la descalificación de los jueces sin aportar pruebas convincentes ni argumentos jurídicos «está haciendo un flaco favor a los principios fundamentales de la democracia representativa» y sobrepasan «la línea del respeto y la separación de poderes» de las instituciones.

Por otra parte, rechazan de pleno las acusaciones del sector industrial de CCOO Galicia a las entidades sociales y plataformas vecinales, que adoptando como propias las tesis de la patronal y el sector más conservador del Partido Popular solo favorecen «los abusos de las élites del poder empresarial».

Para ADEGA son las organizaciones sociales, precisamente, las que han tomado el rumbo del interés público al ejercer una función que le es propia a la Administación «pero que esta abandonó desde hace tiempo».

Por otro lado, ADEGA muestra su sorpresa de que un sindicato de clase como CCOO secunde a empresarios y altos cargos de la Xunta para acusar falsamente a jueces y tribunales de crear «inseguridad jurídica» cuando la verdadera «inseguridad» ha sido la creada por el Partido Popular desde el Gobierno gallego con sus reformas legislativas de 2017 y 2021, que han alterado completamente el marco legal vigente a favor de las grandes empresas del oligopolio y contra el interés general de la población al recortar garantías en la evaluación ambiental y el derecho de participación pública, reduciendo de manera irregular el período de alegaciones o limitando el acceso a los informes sectoriales.

ADEGA manifiesta, finalmente, su intención de seguir defendiendo el patrimonio natural y cultural de Galicia por todas las vías a su disposición, incluida la judicial, por lo que anuncia que continuará con su campaña de recaudación solidaria «Ti podes paralos!», que enfrenta una lucha en los tribunales contra una treintena de proyectos eólicos especulativos «con el objetivo de evitar daños irreparables» a nivel territorial y de «conseguir otro modelo de implantación de energías renovables que sea justo con las personas y compatible con la conservación de la biodiversidad».