El líder ultraderechista Luis ‘Alvise’ Pérez, conocido por su retórica incendiaria y su polémica trayectoria, ha recibido un duro revés político: el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido de Giorgia Meloni, ha decidido excluirlo de sus filas debido a las investigaciones judiciales que enfrenta. Aunque los otros dos eurodiputados de su partido, Nora Junco y Diego Solier, fueron aceptados como “miembros individuales”, el caso de Pérez quedó fuera de consideración.
La decisión del ECR no es casual. En el contexto de una Europa donde las acusaciones de corrupción y financiación ilegal están erosionando la confianza en las instituciones, el caso de Alvise es un ejemplo evidente de cómo los límites éticos en la política siguen siendo difusos. En plena campaña electoral, Pérez recibió 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas, quien a cambio esperaba leyes favorables a su sector. La revelación, publicada por elDiario.es en septiembre, puso en marcha una investigación judicial que amenaza con alcanzar al Tribunal Supremo.
Mientras sus compañeros de partido se incorporan al ECR, aunque de forma limitada, la exclusión de Alvise lo deja en una posición incómoda. Como eurodiputado no inscrito, pierde los beneficios de pertenecer a un grupo parlamentario: menor visibilidad, recursos reducidos y una influencia política más limitada. La excusa oficial del ECR, que afirma estar esperando “al resultado de la investigación antes de tomar ninguna decisión definitiva”, parece más un movimiento estratégico para evitar el desgaste político.
El Parlamento Europeo, que se presenta como bastión de la democracia, no está libre de escándalos como el de Alvise Pérez. El caso pone en evidencia las carencias estructurales para combatir la corrupción y la falta de transparencia. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Pérez sigue ocupando su escaño mientras la justicia europea navega entre trámites y burocracia.
La financiación irregular es solo la punta del iceberg. Promesas de leyes a medida, la utilización de empresas pantalla y el manejo opaco de fondos son prácticas que, aunque condenadas públicamente, siguen siendo habituales en los círculos de poder. Alvise Pérez no es un caso aislado; es un síntoma de un sistema político que permite la entrada de figuras cuestionables bajo la bandera de la “soberanía” y la “identidad nacional”.
El ECR, aunque se posiciona como una fuerza “renovadora”, no duda en incorporar a políticos como Solier y Junco, quienes llegan con la sombra de liderar un partido conocido por su discurso radical. El cordón sanitario aplicado por el Partido Popular Europeo (PPE) a otras facciones de extrema derecha, como Patriotas por Europa, no se extiende al ECR, lo que plantea serias dudas sobre la coherencia política de la derecha moderada en Europa.
La pregunta que persiste es: ¿cuánto daño está dispuesto a tolerar el Parlamento Europeo antes de reforzar sus mecanismos de control? Mientras tanto, figuras como Alvise Pérez siguen siendo un recordatorio incómodo de cómo los intereses privados pueden infiltrarse en las instituciones democráticas, dejando a la ciudadanía en un segundo plano.
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