El Tribunal Supremo ha reiterado que las amenazas de difusión de vídeos íntimos para forzar una relación sexual constituye una intimidación, lo que permite apreciar a los tribunales que existe un delito de agresión sexual. “La víctima se ve compelida a realizar un acto no querido por el temor a la propagación de las imágenes“, señala la sentencia de 28 de septiembre de 2018.

La Sala II del alto tribunal acaba de confirmar la condena de seis años de prisión que la Audiencia de Cádiz impuso a un hombre por un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en 2014 en el domicilio del acusado en La Línea de la Concepción cuando citó a su exnovia y le dijo que todavía mantenía un vídeo erótico, que ella pensaba que había destruido.

 

Se produjo entonces una discusión en la que el condenado le advirtió de que publicaría el vídeo en internet si no mantenían en ese momento relaciones sexuales, “lo que provocó en ella el lógico temor por el descrédito social y disgustos familiares que podría provocarle, y por esa razón, a cambio del borrado del archivo, accedió a mantener una relación sexual“.

El Supremo aplica ahora la doctrina ya fijada en dos sentencias, de junio de 2016 y enero de 2017, que establecen que “la amenaza de exhibición de un vídeo con un contenido que la perjudicada no quiere, referido a contenidos sexuales, es un acto intimidatorio típico del delito objeto de condena, pues la víctima por el temor a la propagación del vídeo se vio compelida a realizar un acto no querido y, por tanto, inconsentido“.

Desde luego, tiene que tener una entidad que la haga cognoscible y reconocida como un acto intimidatorio y ha de ser idóneo para impedir al sujeto pasivo actuar según su propia autodeterminación“, por lo que la consideración de amenaza viene dada por el hecho de la capacidad de autodeterminación.

Esa amenaza, añaden los magistrados, “ha de se cierta, objetiva, seria, inmediata, grave y conectada causalmente a la obtención de un consentimiento forzado“.

Deja un comentario