Las conversaciones para sacar adelante la ley antidesahucios entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales han sido continuas en los últimos días para perfilar un acuerdo necesario y urgente que se aprobará mediante decreto, aunque no cuándo Unidas Podemos tenía pensado.

La ley antidesahucios se dirige a inquilinos que no pueden pagar, pero se pretende ampliar las medidas a personas que ya eran vulnerables antes de la emergencia sanitaria. El pasado marzo el Gobierno aprobó medidas que impiden expulsar a inquilinos vulnerables por la pandemia, que luego se ampliaron en dos ocasiones y actualmente contemplan su aplicación hasta el 31 de enero.

El lanzamiento, según el decreto, no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante.

Protegerá a familias sin contrato de alquiler

Se estudia también que la ley antidesahucios pueda cubrir también a familias desahuciadas que se encuentran en circunstancias tan precarias que ni siquiera tienen un contrato de alquiler. Unidas Podemos cree que debe haber “una alternativa habitacional efectiva”. En el caso de quienes ocupan sin contrato una vivienda, el decreto distinguirá en función de si el propietario es un gran tenedor -con 10 viviendas o más- o si es un pequeño propietario. Sólo en este último supuesto se podrá paralizar el desahucio.

Las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad en viviendas de grandes tenedores. Sin embargo, se encontrarán con un problema que nunca se abordó: con un 2,5% del total de viviendas el parque social de España es de los más exiguos de Europa. Tanto bancos como fondos deben ofrecer soluciones.

ley antidesahucios

EL PSOE, en contra

Pese a que Unidas Podemos considera prioritaria la aprobación de la ley antidesahucios, el Consejo de Ministros no tiene previsto aprobar el decreto que pondrá límites a los lanzamientos.

El veto a los desahucios, argumentan desde el Gobierno, no está de momento incluido en el orden del día que debatirán los ministros porque hay «aspectos legales» que hay todavía que afinar, explican fuentes a La Información. La medida, por tanto, llegará más tarde, previsiblemente en el Consejo de Ministros del día 15 de diciembre.

Presiones al Gobierno

Sin embargo, pese a lo necesario de esta medida, despachos, fondos y juristas amenazan al Gobierno con una avalancha de demandas por daño patrimonial al Estado. Así lo han señalado despachos como Linklaters, Hogan Lovells y Fieldfisher Jausas, abogados del Estado, jueces en excedencia y fondos al medio Expansión. Tan solo el fondo Blackstone atesora una cartera de 35.000 viviendas.

Adolfo Guerrero, socio responsable de Inmobiliario en Madrid de Linklaters señala al medio que «la aprobación de medidas que van más allá de la situación causada por el Covid genera incertidumbre, cambia las reglas del juego e implica que los clientes tengan dudas a la hora de invertir en España. Nadie pone en duda la tarea asistencial del Estado, pero lo lógico sería que la prestara el Estado con sus recursos. Cuantas más medidas de este tipo se aprueben, más incertidumbre habrá para los inversores y, por tanto, entrará menos inversión en España».

Javier Galán, socio de Inmobilario de Fieldfisher Jausas, también en declaraciones a Expansión, señala que «que se dé soporte legal por primera vez a que se pueda permanecer en una vivienda sin pagar es una catástrofe para la seguridad jurídica del país, con un impacto inmediato y severo en inversiones nacionales y extranjeras, cuando hay colectivos que se dedican profesionalmente a ocupar viviendas y tienen una cobertura legal».