Según ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras una investigación exhaustiva, Turquía está dando a grupos armados sirios libertad absoluta para cometer graves abusos contra los derechos humanos de la población civil en la ciudad norteña de Afrín.

Los habitantes de Afrín están soportando una amplia diversidad de violaciones de derechos humanos, en su mayoría cometidas por grupos sirios armados y equipados por Turquía. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, confiscación de propiedades y saqueos, y se cometen mientras las fuerzas armadas turcas miran hacia otro lado. Algunos de estos grupos, y las propias fuerzas armadas turcas, también han asaltado edificios escolares, interrumpiendo la educación de miles de niños y niñas.

La ofensiva y la ocupación militar de Turquía han agravado el sufrimiento de los habitantes de Afrín, que ya llevan años soportando un sangriento conflicto. Oímos relatos espantosos de personas detenidas, torturadas o sometidas a desaparición forzada por grupos armados sirios, que siguen causando estragos en la población civil sin el control de las fuerzas turcas“, según la ONG.

Amnistía indica que “Turquía es la potencia ocupante en Afrín, y por tanto es responsable del bienestar de la población civil y del mantenimiento del orden público. Hasta ahora, sus fuerzas armadas han fracasado estrepitosamente en el cumplimiento de estas obligaciones. No pueden eludir su responsabilidad usando a los grupos armados sirios para que les hagan el trabajo sucio. Sin mayor dilación, Turquía debe poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos armados proturcos, obligar a sus autores a rendir cuentas y comprometerse a ayudar a los residentes de Afrín a rehacer sus vidas.

En enero de 2018, Turquía y grupos armados sirios aliados lanzaron una ofensiva militar contra las Unidades de Protección del Pueblo (YPG, por sus siglas en kurdo), que forman el brazo militar de la administración autónoma kurda dirigida por la formación siria kurda Partido de la Unión Democrática (PYD, por sus siglas en kurdo).

Tres meses más tarde, Turquía y sus fuerzas aliadas tomaron el control de Afrín y sus inmediaciones, causando el desplazamiento forzoso de miles de personas, que huyeron y buscaron refugio en la región cercana de Al Shahba, donde se sabe que están viviendo en condiciones muy difíciles. Según algunos residentes de Afrín, las fuerzas armadas de Turquía tienen una presencia considerable en el centro de la ciudad y en varios pueblos circundantes.

El 1 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía declaró que sus fuerzas armadas permanecerán en Afrín para seguir trabajando en el desarrollo de la zona. De mayo a julio de 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 32 personas; algunas seguían viviendo en Afrín, mientras que otras habían huido a otras partes de Siria o a otros países.

Las personas entrevistadas citaron a los grupos armados Ferqa 55, Jabha al Shamiye, Faylaq al Sham, Sultan Mourad y Ahrar al Sharqiye, entre otros, como responsables de graves violaciones de derechos humanos. El 16 de julio, Amnistía Internacional remitió un resumen de sus conclusiones preliminares al gobierno turco, solicitando respuesta. El 25 de julio, el gobierno turco respondió cuestionando la imparcialidad de la terminología empleada, como “región de Al Shahba” y “administración autónoma”, sin dar una respuesta concreta sobre las conclusiones.

Fuerzas proturcas responsables de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadasAmnistía Internacional entrevistó a personas residentes y desplazadas internas que informaron de que grupos armados habían detenido arbitrariamente a civiles al azar como castigo por reclamar sus propiedades, o por acusaciones infundadas de filiación al PYD o a las unidades YPG.

Fuentes locales relataron a la organización al menos 86 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Una mujer desplazada de Afrín explicó a Amnistía Internacional que varios miembros de un grupo armado proturco se habían llevado a su tío, que había regresado a su pueblo tres meses antes.

Así lo contó a Amnistía: “No sabemos dónde está. Era el presidente del komine [el consejo local]. No está afiliado al PYD ni a las YPG. Volvió a Afrín porque tenía miedo de perder su casa. Se instaló con su esposa en otra casa porque nuestro pueblo se había convertido en una base militar de las fuerzas turcas. Una noche decidió pedir a los grupos armados que lo llevaran a su casa para comprobar su estado. El grupo armado lo escoltó hasta su vivienda, y desde entonces no ha regresado. No le decían a su esposa adónde lo habían llevado.

Según dos ex detenidos entrevistados por Amnistía Internacional, estuvieron privados de libertad por el grupo Sultan Mourad y fueron acusados de filiación a las YPG. Contaron a la organización que habían visto a periodistas, docentes, ingenieros y activistas, así como ex trabajadores del PYD y combatientes de las YPG, en la prisión de Azaz donde habían estado recluidos

.Uno relató: “Estuve dos meses recluido cerca de Afrín. Sufrí múltiples traslados a centros de detención en Maamalou, Damliou y Baadino, todos pueblos circundantes de Afrín, donde fui interrogado por miembros de dos grupos armados y las fuerzas armadas de Turquía. Todas las preguntas giraban en torno a mis actividades en redes sociales, y me acusaron de estar afiliado a las YPG por haber denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por Turquía durante la operación militar. Me recluyeron en la prisión de Al Rai, en Azaz, controlada por Sultan Mourad.

No me torturaron, pero vi cómo miembros de Sultan Mourad golpeaban a hombres delante de mí sólo por diversión, y por la noche resonaban gritos de hombres en todo el edificio. Me pusieron en libertad sin ver a un juez. Pensaba que nunca lograría salir de allí.

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