Desde Amnistía Internacional (AI) y Médicos Sin Fronteras (MSF) nos dirigimos a las autoridades sanitarias en España para mostrar algunas de nuestras preocupaciones en el marco de la crisis del COVID-19, que ha dejado en nuestro país, según cifras oficiales del ocho de abril, 14.555 personas fallecidas, 146.690 positivas y 48.021 personas curadas.

Las organizaciones reconocemos la gravedad del contexto en la pandemia global en la que nos encontramos y valoramos como positivas las medidas adoptadas por las autoridades, tanto a nivel estatal como autonómico. Entre ellas, por un lado, dentro de las medidas estatales: el incremento de la inversión en el Sistema Público de Salud, el aumento de la contratación de recursos humanos para hacer frente a esta crisis y las medidas dirigidas a potenciar la investigación científica sobre el COVID-19. Por otro lado, asimismo, reconocemos como apropiadas las recientes medidas de compra y distribución de materiales de protección entre las Comunidades Autónomas que se han incrementado en los últimos días.

Sin embargo, es insuficiente.

Veinticuatro profesionales de la salud han muerto y 19.400 se han contagiado. Son cifras, además, que no representan la verdadera magnitud del problema, puesto que nuestro personal sanitario no está teniendo acceso de manera generalizada y efectiva a los test de detección. En Italia, país que lleva unos días de ventaja frente a España en el impacto del COVID-19, el número de personas fallecidas que trabajan en el sector salud es de 130 (26 entre el personal de enfermería, 94 de medicina y 6 de farmacia).

El derecho a la salud del personal sanitario no admite grietas por donde pueda avanzar el virus.

Pero ahora mismo existen esas grietas. Los profesionales de la salud están reciclando materiales de protección, destinados para uso único, porque no hay todavía equipos suficientes, ni en número ni en calidad.

Sin el acceso verdadero a test rápidos generalizados para conocer la gravedad de la situación y sin esa protección necesaria para quienes están en primera línea frente a esta pandemia, el personal sanitario está en peligro. Puede contraer el virus. Puede contagiarlo a sus familiares o personas con las que convivan, algunas de ellas pertenecientes a grupos de riesgo. Puede convertirse en vector de propagación del virus a otros profesionales y a sus propios pacientes.

Hoy, más que nunca, tenemos que blindar la protección del personal sanitario. Las obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud implican que los Estados deben formular, aplicar y revisar periódicamente una política coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud, lo que incluye las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Las autoridades sanitarias deben asegurar de manera efectiva equipos de protección individual adecuado y de calidad, información sobre cómo utilizarlos, capacitación y apoyo psicológico para facilitar la labor del personal de enfermería, medicina, auxiliares de enfermería, celadores, personal de farmacia y demás personal implicado en la respuesta ante el COVID-19.

Tanto Médicos Sin Fronteras como Amnistía Internacional han estado en contacto con personas del sector sanitario que se encuentran exhaustas y desesperadas, exponiéndose al contagio y, al mismo tiempo, corriendo el riesgo de contribuir a la propagación del virus. No frenaremos la curva si nuestro personal sanitario continúa enfermando.

Ambas organizaciones somos conscientes del esfuerzo del Gobierno por aumentar la disponibilidad de material de protección.

Sin embargo, y reconociendo el contexto de crisis sanitaria global, es urgente que el Gobierno garantice la protección y bioseguridad del personal sanitario, asignando una adecuada dotación presupuestaria a tal efecto. Asimismo, el Gobierno debe responder de manera inminente con propuestas prácticas a la actual escasez e inadecuación de las medidas de protección.

Por consiguiente, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras recomiendan al Gobierno central de manera urgente:

  • Garantizar la distribución de equipos de protección individual, en cantidad y calidad suficiente, y adaptados a cada servicio (urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos, centros de salud, visitas domiciliarias, residencias de mayores, personal de farmacia, etc.).
  • Ante la escasez actual de materiales de protección, adoptar instrucciones prácticas que clarifiquen el uso de los materiales sobre cómo utilizar, reciclar y lavar el material, en el caso de reutilización del mismo. Además, debe asegurarse que se incluye la información sobre los riesgos de reutilización de material.
  • Asegurar que todo el personal sanitario tiene acceso a tests de detección de manera prioritaria. Las personas contagiadas serán retiradas del servicio y únicamente podrán volver a incorporarse después de un test de negatividad.
  • Garantizar un paquete de medidas de apoyo psicosocial al personal sanitario que debe comprender desde apoyo a los familiares a la acomodación de los sanitarios en entornos seguros y protegidos. Es necesario abordar los efectos de la carga de estrés acumulado, en parte, aunque no solo, por seguir prestando servicios sanitarios sin la protección adecuada.

AI y MSF piden que todas las autoridades sanitarias trabajen conjuntamente y de manera urgente para garantizar la protección de las personas que nos protegen.

El personal sanitario ha enfrentado muchas dificultades en los últimos años como consecuencia de las medidas de austeridad. Hoy afrontan la mayor crisis sanitaria en tiempos de democracia. Y siguen, una vez más, garantizando nuestra salud y, en definitiva, nuestra vida.

Estamos hablando de lo más importante por lo que tenemos que luchar ahora mismo, porque su salud es la salud de todas y todos. Es su derecho y es la obligación de las autoridades el garantizarlo.

Blindemos su protección y bienestar. Se lo debemos. Se están jugando la vida para que todos y todas sigamos adelante.