En 2015, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), la ‘Ley Mordaza’, fue creada como respuesta a la multitud de manifestaciones con motivo de la crisis económicas.

Amnistía Internacional ha documentado en estos tres años cómo la Ley Mordaza se ha utilizado específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica.

El director de Amnistía internacional, Esteban Beltrán, recuerda al gobierno que debe cumplir sus promesas. “Tres años después, estamos ante la gran oportunidad de acabar con el efecto mordaza que provoca esta ley”, asegura Beltrán.

Más de tres años después de su entrada en vigor, esta legislación ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se ha empleado contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social”, continúa Beltrán.

Esta actividad sancionadora, está poniendo en riesgo el ejercicio pacífico de derechos humanos. La prueba es que ha tenido un gran impacto en las vidas y en la movilización de aquellas personas, que damnificadas por los recortes del gasto público y la crisis económica, se han organizado para defender sus derechos”.

Amnistía Internacional ha documentado cómo el artículo 36.6 de la LOSC ha sido aplicado en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información. En el año 2016, se impusieron 12.094 sanciones por este artículo, elevándose esta cifra a las 13.033 en el año 2017. Igualmente, según datos oficiales, el total de sanciones impuestas en aplicación de este artículo durante estos dos años podría haber superado los 15 millones y medio de euros en multas. 

A la organización también le preocupan otros artículos de la LOSC por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos. Por ejemplo, el art. 37.1, que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificación. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Desde que entró en vigor la ley hasta finales de 2017, se han impuesto un total de 282 sanciones con base en este artículopor parte del Ministerio del Interior.

Para la organización también es motivo de preocupación el artículo 36.23 que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes. En ese sentido, Amnistía Internacional insiste, por un lado, en que, tal y como han recordado a España diversos organismos internacionales, el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista. Se han impuesto 85 sanciones en aplicación de este artículo en el periodo que va desde la entrada en vigor de la LOSC hasta el 31 de diciembre de 2017.