Cynthia Duque Ordóñez

Ningún Poder del Estado está libre de crítica, ese es el fundamento de toda democracia.

Se suele decir que después de la tormenta viene la calma, en la sociedad patriarcal dicha teoría no es cierta, pues tras un duro golpe a nuestra libertad e integridad sexuales las víctimas son revictimizadas una y otra vez, ya que como he dicho en millones de ocasiones cuando una mujer o niña es violada la sociedad misógina la juzga a ella, analiza su duelo, analiza si evitó su violación, pero no analiza por qué unos tipos aparentemente normales disfrutan vejando en grupo a mujeres mucho más jóvenes que ellos. No se analiza donde han aprendido a disfrutar de la violencia en el sexo, no se analiza quienes se benefician de ello.

El auto del tribunal sentenciador de La Manada deja en libertad provisional a cambio de una fianza de 6.000 a los cinco reos con los votos de los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino, frente al voto disconforme del Presidente de la Sala, José Francisco Cobo Sáenz. Por cierto, una fianza escasa y fácilmente pagable para quienes han contratado espías que siguieran a su víctima o han seguido cobrando durante toda la investigación la mayor parte de sus sueldos como guardia civil y militar.
Después de rechazar hasta en tres ocasiones la excarcelación solicitada por las defensas, los magistrados se rinden a la exhaustiva manipulación mediática y en sede judicial que las defensas han hecho, defensas que difamaban e injuriaban a la víctima, defensas entre las que destaca el “abogado” Agustín Martínez por su agresividad y beligerancia a la hora de tachar a la joven de 18 años agredida sexualmente de vengativa. Un abogado, que sin ningún reparo, pedía que toda España viera el vídeo que los cinco condenados grabaron de la violación porque según palabras de Agustín Martínez se veían sus “gestos de placer”, vídeo que fue retirado de innumerables páginas de pornografía, en las cuales se catalogaba como violación. La pornografía demandada por unos hombres que cada día solicitan mayor violencia en el sexo, si es que lo podemos llamar así, cosa que dudo. Un vídeo grabado sin el consentimiento de la víctima, como fue sin consentimiento todo lo que los cinco sujetos le hicieron a la joven en palabras de la Fiscal Elena Sarasate.

Un abogado que ha conseguido convertir a la víctima en verdugo. Un abogado que juzgaba como la joven violada trataba de sobreponerse al trauma, un abogado que pone un detective privado detrás de la víctima. Un abogado que no se inmuta cuando sus defendidos se jactan por un grupo de WhatsApp de que hay que llevar sogas y drogas a Pamplona porque luego todos quieren violar. Un abogado que es una vergüenza como ser humano y como jurista por carecer de la ética mínimas.

Los dos magistrados que han puesto en libertad a La Manada argumentan su decisión amparándose en su pérdida de anonimato, una pérdida de anonimato buscada por sus propias defensas, la cual les imposibilitaría reincidir según las palabras del Tribunal. Recordemos que cuatro de los cinco condenados de La Manada se enfrentan a otro juicio por agresión sexual en Pozoblanco, Córdoba, por mucho que los magistrados no tengan en cuenta estos hechos o manifiesten que dudan de la legalidad de la toma de las imágenes de los teléfonos móviles de los reos, lo cierto es que las imágenes existen, en ellas se ve a una joven dormida a la que todos tocan. Cuando las formas en las que obtuvieron esas imágenes parecen más importantes que la prueba en sí misma, se quiebra la justicia material.

También consideran insuficiente la condena por un delito grave, entonces me pregunto para quienes está la cárcel si no es para que los criminales “pagen ” por sus delitos en ella y para alejar al mal de la sociedad, para salvar a otras mujeres de ser violadas, porque estos criminales no son reinsertables.

Los jueces, Ricardo González y Raquel Fernandino, también creen que no hay riesgo de “inmisión en el derecho a la intimidad de la víctima y de su entorno” porque los cinco condenados tienen su residencia “a más de 500 kilómetros del lugar en el que reside” ella y ven suficiente “para garantizar su tranquilidad y su sosiego” la adopción de medidas menos gravosas que la prisión provisional, como son la prohibición de visitar Madrid y de contactar con ella.

Tengo el poco gusto de recordar a sus señorías que ellos ya han roto su desasosiego violándola, que las secuelas de sus horribles y reprobables crímenes la han marcado a ella y a toda la sociedad que no camina segura por las calles de su país porque hay bandas organizadas que cazan mujeres para violarlas. En España crecen en lo que llevamos de año un 28.4% el número de violaciones según el Balance de Criminalidad que publica el Ministerio del Interior.

Tengo la desgracia de recordar a sus señorías que los fans de los acusados, sino ellos mismos, filtraron los datos personales, así como fotografías de su víctima para que fuera humillada, ridiculizada por su físico, amenazada e incluso coaccionada o lo que es lo mismo impedida de hacer su vida normal en venganza por haberlos denunciado.
Con toda sinceridad espero que se resuelva a paso acelerado el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra de una sentencia a todas luces incongruente para cualquier jurista e insensible para cualquier ser humano. Una sentencia que no solamente es contraria al ordenamiento pues condena por abuso un acceso carnal con intimidación constitutivo de una violación sino que además contradice el Convenio de Estambul ratificado por España, en el cual es constitutivo de una violación toda penetración no consentida.

La condena a los tribunales españoles no solamente viene de los colectivos feministas y de la sociedad española, sino que es la propia ONU la que condena la sentencia por “subestimar la gravedad de la violación y socavar la obligación de defender los derechos de las mujeres”. Es inaceptable que el sistema judicial siga señalando, poniendo en duda, el comportamiento de la víctima, no del violador. Al dejar a la interpretación del juez la intimidación o la violencia ejercidas, interpretación profundamente subjetiva, se sostiene, ampara y protege la cultura de la violación. “La impunidad por las vulneraciones de los derechos humanos impregnan la cultura de la violación, culpa y juzga a las víctimas por los daños que les han causado a ellas, y no se puede permitir que siga ocurriendo, incluso en los sistemas judiciales” añade Purna Sen, coordinadora ejecutiva y portavoz de Naciones Unidas.

De otra parte, fundamentan que “la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de prisión provisional”, obviamente el tribunal no sabe lo que es caminar con miedo por la calle de noche y de día. Parecen no vivir en esta sociedad en la cual aumenta el número y la virulencia de las agresiones sexuales y donde la única forma de parar el giro violento de la misoginia es adoptar medidas contundentes que desincentiven la comisión de delitos sexuales.

Los magistrados no creen que se deba adelantar la pena de los condenados hasta el máximo prorrogable por la LECrim de la prisión provisional, basándose en la rebaja de las penas respecto de la petición de la acusación particular y el Ministerio Fiscal, con ello los magistrados obvian la incongruencia de unos hechos probados en juicio que acreditan la intimidación y que después no se trasladó al fallo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no admitieron la conversación de WhatsApp en la que reconocían los hechos? ¿Por qué se amparan para dejarlos en libertad en una rebaja de la pena que ellos mismos concedieron? ¿Acaso esperan que el TSJN los absuelva? Si lo piensan de verdad es que necesitan bastante formación en género.

Parece como si ambos magistrados se hubieran ablandado con los verdugos convertidos en víctimas por sus defensas y no se tuviera en cuenta el dolor de las dos víctimas agredidas sexualmente por ellos. Parece como si importara más los sentimientos de los condenados por un crimen atroz contra la libertad e indemnidad sexuales, sentimientos contradictorios a la luz de la carta que hizo pública el ex guardia civil de La Manada en la cual primero decía que se arrepentía (siento recordarle que el perdón no es terrenal y que a la joven no le reparará el daño que él le hizo) mientras que acababa llamando vengativa y mentirosa a la joven a la que agredió sexualmente.

Los dos magistrados que han avalado la puesta en libertad de los condenados de la Manada por un delito grave contra la libertad e indemnidad sexuales acaban argumentando que los reos no tienen antecedentes penales de la misma naturaleza. Este argumento es cuanto menos alejado a la realidad social de España en la que solo se denuncian el 30% de los delitos sexuales y a las circunstancias personales de estos sujetos condenados por un delito grave, que además están pendientes de ser condenados por otro caso similar y que de forma continuada y habitual hacían de la violencia sexual su rutina.

El tercero de los magistrados, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz, emitió un voto particular favorable a la prórroga de la prisión provisional de manera incondicional hasta los cuatro años y seis meses, ajustándose al plazo máximo que permite la ley. El magistrado discordante era favorable a mantenerlos en prisión, sin perjuicio del resultado de la causa en sede de apelación (TSJN) y casación (Tribunal Supremo) por la gravedad de los “hechos probados”. El magistrado apela también a la protección de la seguridad, estabilidad y tranquilidad de la denunciante y cita una carta publicada recientemente por uno de los condenados que las acusaciones han considerado de “desafiante.

Tanto el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, como la Fiscal del caso, Elena Sarasate han declarado su profundo desagrado y consternación ante la puesta en libertad de la Manada. La fiscal del caso, Elena Sarasate, defendió como “reseñable” que cuatro de los cinco condenados estuvieran incursos en otro procedimiento de hechos de análoga naturaleza, en referencia al proceso de Pozoblanco. “En definitiva, considerando que todo lo alegado no hace sino reflejar unos bajos instintos personales en su forma de proceder entiende que se debe presumir la probabilidad de reiteración delictiva”.

La única forma de mejorar nuestra sociedad y el sistema judicial es siendo críticos con ellos. Vivimos bajo prejuicios patriarcales, de los cuales nos empezamos a desvincular. No es un camino fácil ni corto, porque el patriarcado ha vivido en nosotras y nosotros durante más de 3000 años. Sin embargo, es el camino que debemos de recorrer, desembarazarnos de los estereotipos de género y de la misoginia imperante en todos los sectores de la sociedad, incluidos los Poderes Públicos, que no se salvan de la crítica constructiva, porque donde no reine la autocritica reinará el sectarismo y la dictadura de unos pocos. Para ello es recalcitrante insistir en la necesidad de educar a la sociedad en la igualdad entre los sexos para poder vivir las mujeres y las niñas sin miedo a ser violadas; y por ende formar al Poder Judicial, ya que no están exentos de vivir en esta sociedad machista. Ojalá los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales sean en el futuro enjuiciados por los juzgados especializados contra la violencia de género. Las competencias especializadas han constituido una notable mejora en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, igual que también lo serían en la carrera judicial.

Juntas por la igualdad. ♀

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