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El Gobierno andorrano ha anunciado un paquete de medidas que tienen por objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

El ministro de Finanzas y el de Asuntos Sociales han expuesto ante los sindicatos y los representantes del sector empresarial las decisiones tomadas por el Ejecutivo, que afectan principalmente al salario mínimo y a las pensiones, que no podrán ser menores de 1.050 euros, así como a los contratos de arrendamiento de viviendas.

Estas medidas se han tomado teniendo en cuenta la mejora global de la situación económica del país. Primero, se ha acordado un incremento del salario mínimo hasta los 1.050 euros al mes, con el objetivo de ir equiparando progresivamente el salario mínimo al coste real de la vida. La medida da continuidad a los incrementos del salario mínimo que se han aplicado desde el inicio de la legislatura, y que han permitido pasar de los 962 euros de salario mínimo de 2015 a los 1.050 para 2019.

En segundo lugar, el Gobierno también ha acordado incrementar todas las pensiones de jubilación, viudedad e invalidez que no lleguen al salario mínimo cuando se hayan cotizado más de 25 años, también en un 3,2%.

Se ha acordado, además, una tercera medida, prorrogar un año todos los contratos de arrendamiento que venzan durante 2019, de manera que solo se puede incrementar el precio en función del IPC. La prórroga no tendrá efecto cuando exista un acuerdo entre las dos partes por un nuevo contrato.

Este último punto es representativo si lo relacionamos con el gobierno español. «Madrid no es Berlín«, indicaban desde el ejecutivo socialista cuando fue preguntado por si España la podría copiar de alguna forma la congelación del precio de los alquileres aplicada en Berlín.

Ahora, cuando ya son varias las ciudades europeas que han tomado medidas para limitar el precio del alquiler (Viena, Andorra) para adaptarlos a la vida real, cabe preguntarse cuál será la respuesta del PSOE. «España no es Andorra», quizá.

Varios expertos y empresarios del sector inmobiliario han mostrado su rechazo a la limitación del precio del alquiler que propone Unidas Podemos. Este modelo se ha aplicado en Berlín y se está copiando dada su utilidad. Un gobierno progresista debería facilitar la vida a los ciudadanos, independientemente de donde vengan las medidas para lograrlo.

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