Ángel Bernardo Tahoces, del arrogante olimpo del PP gallego a la cruda realidad de la imputación judicial

El director xeral de Industria, Enerxía e Minas del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo afronta la peor etapa de su carrera política tras la investigación abierta en su contra por la Fiscalía por un caso de presunta prevaricación ambiental.

Ángel Bernardo Tahoces en una rueda de prensa / Xunta de Galicia

La oposición en su conjunto ha demandado al Gobierno gallego responsabilidad y el cese o la inmediata dimisión de Tahoces, citado declarar el próximo 2 de mayo en los juzgados de Noia (A Coruña).

Pero no es la primera vez que sucede. El viveportavoz de En Marea y portavoz nacional de Anova Antón Sánchez ya había denunciado en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Galicia en mayo de 2018 la actitud colaboracionista y servil de Ángel Bernardo Tahoces con la élite empresarial del ámbito minero-energético, acusando al hoy imputado de «fabricar» excusas y pruebas maquillando los desastres ambientales provocados por las grandes corporaciones a nivel gallego.

Mientras el también diputado de En Marea Marcos Cal denunciaba sin cortapisas «la connivencia político-empresarial y las puertas giratorias del PP» como factores clave para entender la destrucción del paisaje gallego en proyectos eólicos y mineros, Sánchez hizo referencia «a los múltiples ejemplos y sentencias que existen» que implican a la dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas y al propio Tahoces contrarios a la defensa de «los intereses del país y la ciudadanía», citando casos como el proyecto de Corcoesto, las pizarreras de Ourense o la mina de Touro, afirmando que «el constante trabajo a favor de las empresas contaminantes y contra el país es un modus operandi del Partido Popular«.

Hoy Tahoces afronta su imputación con duras acusaciones por parte de la Fiscalía. El escrito del organismo reconoce que «indiciariamente aparecen elementos que pudieran significar la existencia o el riesgo indicado en los artículos 325 y siguientes del Cógico Penal», por la omisión injustificada de factores obligatorios como el Estudio de Impacto Ambiental a la hora de reabrir la mina de wolframio de San Finx en Lousame (A Coruña) y la falta de diligencia en los controles ambientales.

Según la Fiscalía, la dirección xeral comandada por Tahoces comparte negligencia con Augas de Galicia por los vertidos «de aguas residuales industriales» nunca sancionados por la entidad pública empresarial aún cuando los niveles sobrepasaban ampliamente los límites legales de metales pesados como cobre, zinc y cadmio, llegando a registrarse niveles alarmentes de estos elementos un kilómetro y medio aguas abajo de la explotación minera.

UN ALTO CARGO POLÉMICO

La polémica con Bernardo Tahoces, en cualquier caso, viene de lejos, tal como reflejó el diario El País ya en 2014. Según el rotativo, el año anterior el todavía director xeral habría participado en una cena orquestada en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago por el alcalde popular de Cabana José Muiño Domínguez, a la que también asistió el director del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) Javier Aguilera, y en la que supuestamente se avaló el polémico proyecto de la mina de oro de Corcoesto, una iniciativa industrial que desató una oleada de protesta social sin precedentes desde el desastre del ‘Prestige’ y que ese mismo año fue cancelado por la Xunta por la «falta de solvencia» técnica y económica. El grupo político de Alternativa Galega de Esquerda se refirió entonces a aquella situación como «un caso de indecente colusión entre intereses privados y altos cargos«.

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