Ángela Vallina, eurodiputada de Izquierda Unida,  ha exigido a Bruselas emprender acciones políticas fuertes y decididas para acabar con la explotación sexual y laboral de las mujeres en la Unión Europea. Una explotación que, tal y como indicó ayer en un debate en la sesión plenaria de enero, muchas veces se produce “bajo la legalidad” porque tener “un contrato de trabajo y un permiso de residencia no garantiza que se respeten los derechos de las mujeres“.

Vallina advirtió al comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, que tal y como indica la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la explotación laboral en la UE “es un hecho cotidiano provocado por las desigualdades económicas y el aumento de la movilidad laboral”.

La parlamentaria denunció que todo esto está ocurriendo gracias a las reformas laborales y el asalto a los derechos sociales y laborales impulsados desde Bruselas, por lo que muchas veces, “un contrato de trabajo y un permiso de residencia no garantizan situaciones justas”. “Bajo la legalidad en la UE hay también explotación”, insistió.

Una explotación, la laboral y sexual, que además “tiene rostro femenino”, puesto que “el 76% de las víctimas, es decir, tres de cada cuatro, son mujeres y el 15% son menores”.

Ante esto, Vallina reclamó “una acción política fuerte” y “no más declaraciones de intenciones” a la Comisión Europea que, para luchar contra la trata de personas, “debe mejorar la coordinación con los Estados miembros, poner en marcha políticas transversales de género, y dar mayor peso al diálogo social” frente “a las políticas neoliberales que desprotegen a los trabajadores y a las trabajadoras”.

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