Nuria Menéndez de Llano-Rodríguez
Abogada y directora del Observatorio Justicia y Defensa Animal


Tras estos días de resaca electoral recuerdo que uno de los buques insignia del partido ultraconservador Vox, que ha obtenido 12 escaños en el Parlamento andaluz, era la defensa de la caza y de los toros. Bueno, de los toros no, del espectáculo que hace fiesta de su martirio. Hasta ese punto hemos llegado. La manipulación es tal que la defensa de los toros puede ser entendida como la defensa de su masacre pública y festiva. Malos tiempos para la lírica, como decía la canción.

No pretendo hacer un análisis político de lo acontecido con los resultados electorales. No me compete a mí hacerlo públicamente, pero sí me gustaría reflexionar sobre qué debiera significar el animalismo y la defensa de los animales en la España del siglo XXI.

En relación con la “cuestión animal”, que cuenta a sus espaldas con varios siglos de pensamiento, los españoles siempre hemos mirado al resto de Europa con complejos. Motivos para el sonrojo no nos han faltado. Sin embargo, no siempre fuimos unos bárbaros en el trato que damos a los demás animales. Y, de hecho, históricamente han sido muchas las españolas y los españoles que, desde sus diferentes responsabilidades y campos de conocimiento, han estudiado, profundizado y aportado a esta cuestión trabajos muy importantes en el ámbito académico, político y social.

Si echamos la vista atrás, la que es considerada como la primera ley de protección animal del mundo, la británica Act to prevent the cruel and improper Treatment of Cattle, también conocida como la Ley Martin —en honor del político irlandés y miembro de la Cámara de los Comunes Richard Martin, quien fue un gran defensor de los animales— data de 1822, y nace con el propósito de proteger de la crueldad y del maltrato a los animales de granja explotados por los humanos.

Pero conviene señalar que, en nuestro país, también tuvimos normas históricas de Derecho Animal, y algunas incluso anteriores a la citada Ley Martin. Debiera conocerse más  que, en tiempos pretéritos, los poderes públicos españoles no fueron tan timoratos a la hora de defender a los más vulnerables, a nuestros hermanos de planeta.

Así, la Real Pragmática de 1785, promulgada por Carlos III, y la Real Cédula de 1805, de su sucesor e hijo, Carlos IV, prohibían en todo el reino las “fiestas de los toros y novillos de muerte”, y la Real Provisión de los señores del Consejo de 1790 prohibió, asimismo, el abuso de correr por las calles novillos y toros. ¡Qué tiempos aquellos en los que la ética se imponía a la barbarie!

Por su parte, la Real Orden, de 12 de marzo de 1924, estableció la prohibición del uso del pincho o aguijón con el ganado, siendo éstos sustituidos por otros métodos menos cruentos. ¡No tendrían en los años veinte otra cosa de qué preocuparse!

Especial trascendencia adquiere también la Real Orden Circular de 26 de diciembre de 1925  que establecía la obligación general de proteger a los animales y las plantas, y declaraba de utilidad pública a las asociaciones constituidas con la finalidad de divulgar esta obligación. Además el reglamento de desarrollo de esta norma, aprobado por el Real Decreto 684/1928, otorgaba a los asociados una suerte de condición de agentes de la autoridad (“efectivos”) para poder denunciar sus infracciones. ¡¿Pero cómo?!, ¡Los perro-flautas animalistas considerados autoridades, con presunción de veracidad, para perseguir a los maltratadores de animales! ¡Menudos radicales come-lechugas!

La  Real Orden Circular, de 1 de julio, de 1927,  prohibió los espectáculos en los que se obligaba a perros a dar muerte a otros animales y regulaba la recogida municipal de perros abandonados. ¡Menuda ocurrencia! ¡Con lo artítiscos y culturales que eran esos espectáculos!

Además, la Real Orden 241/1929, de 28 de marzo, prohibió las “carreras de gallos”. Antes de esa prohibición, la tradición mandaba colgar los vivos gallos boca abajo, mientras los mozos montados a caballo intentaban arrancarles la cabeza. ¡¿Pero cómo no han declarado Patrimonio Inmaterial Cultural las “carreras de gallos”?! Si no les gusta verlo, ¡qué no miren! ¡Prohibido prohibir!

 

Más próxima en el tiempo, también llama la atención la promulgación de la Orden, de 3 mayo de 1935, por la que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos. En su artículo 8, esta norma establecía: “Quedan prohibidos los espectáculos o diversiones públicas que puedan turbar el orden o que sean contrarios a la moral o a las buenas costumbres; asimismo, las peleas entre animales y el uso de animales vivos en las cucañas o como tiro al blanco y otros similares, manteniéndose sujetos, y en general, los que impliquen maltrato o crueldad para los animales”.  ¡Hay que ver qué radicales eran los animalistas históricos!

Produce verdadera vergüenza que, en pleno 2018, —y salvo honrosas excepciones— no existan representantes públicos con la valentía y la determinación suficiente como para hacer frente a los lobbies de la explotación animal y pongan fin a esa involución que hemos sufrido en nuestro país en la defensa de los animales.

Poner fin al lastre social y ético de destinar recursos públicos al martirio de animales en todo tipo de festejos populares depende de Ustedes. ¿Hasta cuándo queridos políticos nacionales, autonómicos y regionales?

Ya es hora de que el animalismo salga del armario político sin complejos y abrace a la sociedad española del siglo XXI. No va de radicalismo, va de Justicia Social.