La formación insta a Xunta de Galicia y Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) a pactar un programa que dé resupuesta a los miles de demandantes existentes en la comunidad.
Para el portavoz nacional del grupo Antón Sánchez «se trata de que la utilización de los fondos europeos tenga un enfoque social y ayuden a reducir desigualdades y que no incidan en el modelo neoliberal en que se reparten entre las grandes corporaciones como parece que apunta el plan del Gobierno gallego».
Desde Anova se señala que actualmente, el registro oficial de personas demandantes de vivienda protegida a nivel gallego supera las 15.000 personas, de las cuales 11.000 optan por un alojamiento público en alquiler.
Para Sánchez, esta situación «es un auténtico fraude a la ciudadanía que se inscribe en el registro oficial y ve como no se le da respuesta desde un Gobierno gallego centrado en fomentar el negocio especulativo».
El grupo político apunta que los fondos de reconstrucción europeos «deben servir para paliar este déficit de vivienda pública», razón por la que reclaman que «de manera urgente» Xunta y FEGAMP acuerden un programa a cinco años que ofrezca una solución válida a los miles de familias demandantes de vivienda pública, «planificándola allí donde exista esa demanda y priorizando la movilización de vivienda ya construída mediante políticas de adquisición y rehabilitación».
«Un parque público de vivienda de alquiler es una solución para muchas personas y sirve como regulador de un mercado que en las ciudades no para de subir los precios privando a la gente trabajadora y sobre todo a la juventud de un derecho básico» -se apunta desde la formación nacionalista-.
Para Anova esta es una situación que «encaja perfectamente en las líneas que marca la UE» y acercaría a la población gallega a los niveles de vivienda pública europeos sacando al país de la inacción de la construcción de vivienda protegida caracterizada por las políticas del PP de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, que han colocado a Galicia a la cola del Estado español en esta materia.
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