La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, 52 años de cárcel para el comisario Enrique García Castaño, 51 años y nueve meses de cárcel para Rafael Redondo y casi 50 años para la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá. 

Los fiscales atribuyen a Villarejo presuntos delitos de descubrimiento y relevación de secretos de empresa, cohecho, tráfico de influencias y delito continuado de falsedad en documento mercantil en la pieza número 2 del «caso Tándem», denominada Iron, relativa al encargo que le hizo en 2013 el bufete Herrero y Asociados para que investigara a Balder Ip Law, un bufete de la competencia, y averiguar así si varios de sus antiguos socios y empleados estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.

La Fiscalía considera que Villarejo y Rafael Redondo, su abogado, ofertaron a Herrero&Asociados S.L un servicio dirigido a solventar una situación de crisis que incluía la obtención ilegal de informaciones y datos de carácter reservado, como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos al bufete de la competencia.

Por esos servicios Herrero y Asociados habría abonado un total de 302.500 euros a través de facturas creadas expresamente para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios.

Subordinados de García Castaño como Constancio Riaño o Javier Fernández; o el jefe de la Delegación de la Agencia Tributaria en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, Antonio Chaparro, se sentarán en el banquillo junto a varios miembros del bufete Herrero & Asociados como Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno. El despacho de abogados está también procesado, en este caso como persona jurídica.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Riaño, Fernández y Chaparro, 50, 17 y 4 años y medio de prisión, respectivamente, por su colaboración en el proyecto «Iron» encargando a subordinados la recopilación de información de carácter restringido aunque se les exculpa porque no consta que supieran de los fines ilícitos.

García Castaño, sin embargo, está en diferente situación, ya que la Fiscalía le acusa de estar aliado con Villarejo al menos desde 2005 y expone que este le «remuneraba la ilícita información que le facilitaba mediante entregas periódicas de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, no individualizadas por cada información concreta facilitada sino a modo de iguala por importe de 3.000 euros mensuales» y además le pagaba el alquiler de su vivienda habitual en Madrid por importe de 16.000 euros anuales durante el lapso temporal en el que se desplegó el proyecto «Iron».

La pieza «Iron» ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del excomisario Villarejo.