La polémica continúa en torno al contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como informábamos este martes, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha acordado que la Fiscalía Anticorrupción seguirá haciéndose cargo de las diligencias de investigación que se han abierto sobre el contrato que está vinculado a Tomás Díaz Ayuso, aunque esto no evitará que la Fiscalía Europea asuma la investigación sobre un presunto delito de malversación de fondos europeos, ya que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con ellos.
Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, señaló en un informe que elevó a la Fiscalía Europea después de que ésta le solicitase documentación sobre la causa del contrato vinculado al hermano de la presidenta madrileña, que la investigación debía retenerla él porque se estudiaban “posibles delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña”.
Además, señalaba que de esos posibles delitos, “tráfico de influencias y negociaciones prohibidas”, dependían “de que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue elevado por Luzón el 10 de marzo, días antes de que Dolores Delgado reuniera la Junta de Fiscales de Sala para decidir que mandaba a la Fiscalía Europea (FE) la parte relativa al posible delito de malversación, mientras que lo relativo al posible tráfico de influencias, la prevaricación o las negociaciones prohibidas a funcionarios se quedaba en Anticorrupción.
El fiscal jefe Anticorrupción comienza el informe criticando que los fiscales europeos delegados, en alusión a la delegada para España Concepción Sabadell, “ante la legítima y proporcionada solicitud de cooperación institucional rogada” por él no “hayan actuado siguiendo el principio de cooperación leal que invocan para sí”.
Luzón se refería a una petición que había hecho de una copia del oficio del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y de documental anexa a la fiscalía Europea y que fue rechazada alegando que a la Fiscalía Anticorrupción no le está legalmente reconocida la potestad de examinar la competencia de la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea considera que puede haber dos delitos: fraude a los presupuestos de la UE y malversación
La Fiscalía Europea sostiene que el contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa Priviet Sportive para la dotación de mascarillas en la pandemia, en el que medió Tomás Díaz Ayuso y por el que percibió supuestamente una cuantiosa comisión, fue financiado íntegramente con fondos europeos y, por tanto, considera que puede haber dos delitos: uno de fraude a los presupuestos de la UE y un delito de malversación.
Por su parte, Anticorrupción investiga el posible trato de favor a una empresa por razón de la mediación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo papel en la contratación no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito previsto en el Código Penal.
Alejandro Luzón advertía también en el informe que a raíz de la documentación presentada por los propios denunciantes y la Comunidad de Madrid, “resulta palmaria la falta de fundamento de las calificaciones jurídicas apuntadas por la Fiscalía Europea”.
La Fiscalía Europea sostiene que el contrato que se dio a Priviet Sportive SL, provocó un perjuicio al patrimonio de la Unión Europea de 1.512.500 euros, es decir del precio total pagado por la compra de mascarillas.
Luzón ha asegurado que “ni se ha dado a los fondos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados ni se han falseado ni ocultado las condiciones requeridas para la concesión de estos. Del mismo modo, resulta evidente que no ha existido malversación, pues no se ha producido apropiación de dinero del patrimonio público”. Por lo tanto, “la presente investigación no afecta, pues, a delito alguno competencia de la Fiscalía Europea”, ha señalado el fiscal jefe Anticorrupción.
Alejandró Luzón indica que los posibles delitos son “tráfico de influencias y negociaciones prohibidas”
“La investigación nuclear y que ha determinado la intervención de la Fiscalía Especial no pone en cuestión el contrato “sino que atañe a delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas… en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha añadido el fiscal jefe Anticorrupción.
Para finalizar, Luzón ha explicado que los comportamientos analizados “afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española”, y que en caso de confirmarse “siquiera indiciariamente” alguna de las hipótesis planteadas, derivaría en su remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, competente para investigar a Díaz Ayuso.
