Anova exige al Partido Popular de Galicia que cumpla el acuerdo parlamentario de 2019 que posibilitaría aplicar recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías de los grandes poseedores.
La formación política recuerda en un comunicado que en abril de 2019 una iniciativa de su portavoz Antón Sánchez, entonces diputado, consiguió el apoyo unánime de todos los grupos en la Comisión 2ª del Parlamento de Galicia para que la Xunta definiera el concepto de vivienda desocupada si el Estado no llevaba a cabo la medida en 6 meses.
En la resolución acordada la Cámara gallega instaba al Gobierno autonómico a dirigirse al Estado para introducir cambios en la normativa básica estatal incorporando la definición de vivienda vacía, con el objetivo de posibilitar la aplicación por los ayuntamientos de los recargos previstos en la ley reguladora de las haciendas locales.
Según explica Anova, la definición de concepto de vivienda desocupada es fundamental para que los ayuntamientos, si así lo deciden, puedan aplicar un sobrecargo de hasta el 50% del IBI a las viviendas vacías de grandes poseedores. Ante su ausencia, sin embargo, no se puede aplicar el artículo 72 de la Ley 2/2004, de haciendas locales y los ayuntamientos carecen de amparo para llevar a cabo una política fiscal que promueva la utilización de la vivienda vacía para ayudar a cumplir con su función social, en un contexto «de gran subida de precios de alquiler» en las principales ciudades gallegas.
De hecho, Anova recuerda que en algunas localidades en los últimos cinco años los precios del alquiler se han incrementado hasta un 30%, algo que supone un problema porque «los ingresos de la gente trabajadora no han subido en la misma proporción», lo que está causando «el empeoramiento dramático de la calidad de vida de miles de personas, llegando en algunos caos a la expulsión de sus casas».
La formación denuncia en este sentido que mientras un reciente informe de la Fundación Foessa sobre la situación de la pobreza ha citado la vivienda como principal factor de exclusión social en la actualidad, a los bancos y fondos buitre «les sale gratis el mantener viviendas vacías para especular», porque tanto el PSOE en el Gobierno del Estado como el PP a nivel gallego «se niegan a cumplir una ley vigente desde hace diecisiete años y un acuerdo parlamentario de hace dos».
Este hecho ha determinado, a juicio de Anova, «el fracaso absoluto» del programa de vivienda vacía de la Xunta, que en 5 años sólo ha conseguido poner a disposición pública 24 inmuebles. En contraste, recuerdan que «hay ocho comunidades autónomas en el Estado español que ya han hecho sus deberes definiendo el concepto de vivienda vacía» mientras que el PP en Galicia «está incumpliendo sus propios compromisos».
«Los datos y los hechos de Feijóo desde que llegó al Gobierno gallego no engañan. Nada le importa que haya gente que sea expulsada de su hogar, que las familias trabajadoras paguen cada vez más porcentaje de sus ingresos por la vivienda engrosando muchas veces los beneficios de bancos y fondos buitre, que sea un factor de exclusión social o que sea un obstáculo para la emancipación de la gente joven. Sólo le importan los beneficios de los especuladores» -declaró Antón Sánchez, reclamando «que la Xunta de Galicia cumpla y deje de bloquear que los ayuntamientos puedan hacer una política fiscal y de vivienda más justas».
