En una entrevista concedida a contrainformacion.es el portavoz nacional de Anova señala que los Gobiernos están primando la especulación inmobiliaria pese al impacto social inasumible que esta tiene sobre la población.

Antón Sánchez considera el derecho a la vivienda como un bien público al que la sociedad ni puede ni debe renunciar / contrainformacion.es

Según los últimos datos publicados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), más del 76% de los desahucios se produjeron a nivel autonómico durante el segundo trimestre del año por falta de pago de alquiler, lo que para Antón Sánchez es un drama evitable que hunde sus raíces en la negativa de las Administraciones gallega y Central a aplicar políticas fiscales sobre la vivienda vacía, conculcando de esta manera lo que es un derecho básico para la ciudadanía.

El portavoz nacional de Anova, que fue diputado en el Parlamento de Galicia en las IX y X legislaturas y es un reconocido activista en materia de derechos humanos recuerda que a los grandes poseedores «les está saliendo gratis el hecho de no cumplir con la función social de la vivienda» en una situación en la que hay miles de inmuebles sin uso en las ciudades mientras los alquileres siguen una escalada de la que no se atisba el fin.

Sánchez recuerda que la vivienda es uno de los «factores fundamentales» por los que cada vez más gente «no puede tener una vida digna», pues año tras años, cientos de personas son expulsadas de sus casas o tienen dificultades para pagar la hipoteca o alquiler, lo que significa «recortar en otros gastos como alimentación, sanidad, educación o energía», factores todos ellos que provocan desigualdad, pobreza y exclusión social, tal y como señala un reciente informe de la Fundación FOESSA sobre la pobreza.

Para el portavoz, «esto no es una desgracia natural», sino que es el fruto de políticas aplicadas desde hace décadas a nivel estatal y autonómico, «que ponen por delante el negocio especulativo aunque el coste a pagar sean los graves daños personales que provoca«, motivo por el que apuesta por una solución política.

Desgraciadamente, señala Sánchez, «las Administraciones procuraron mayoritariamente políticas que mantuvieran o incrementaran el valor de la vivienda como negocio«, derivándose de ahí todas las medidas de las llamadas «políticas de vivienda». «Todas en función de que no se venga abajo el negocio, nunca en función de garantizar el derecho a la vivienda»-señala-.

«¿Por qué no se apuesta por un parque público de vivienda con precios sociales? porque además de ser la solución para mucha gente que hoy no alcanza a pagar un alquiler sería un elemento regulador de los precios, ya que si hay un número significativo de viviendas públicas significa que el mercado enfriaría. Y esto es una línea roja que por supuesto la Xunta de Galicia no quiere traspasar aunque tenga un coste social tremendo, lo que se traduce en mucho sufrimiento» -apostilla-.

El portavoz se pregunta por el motivo por el que se rescataron los bancos a través de la SAREB comprando las viviendas que no querían y lastraban sus balances y después no se han utilizado para dárselas a la gente que las necesita, denunciando que tal medida no se llevó a cabo «para no bajar los precios del mercado», socializando de este modo las pérdidas y privatizando los beneficios.

Además, para Sánchez, «Feijóo tuvo claro qué intereses defender» desde su llegada al poder, «frenando de manera radical la promoción de vivienda con algún tipo de protección» y llegando a reducir potestativamente, por Ley, las reservas de suelo para vivienda de pública de protección en los planes de ordenación urbana. De hecho, señala que en el caso de la Xunta desde el desembarco del PP en el poder «se han reducido drásticamente» los presupuestos en políticas de vivienda año tras año.

El portavoz de Anova considera como «una estafa impresentable» el que a día de hoy haya 15.000 personas inscritas a nivel gallego en el Rexistro Oficial de Vivenda de Protección de la Xunta, la mayoría gente joven de la cual el 80% quiere una vivienda pública en alquiler porque no puede acceder a una hipoteca «porque los precios son inalcanzables con la precariedad laboral que sufren«.

En este contexto es así como para Antón Sánchez se explica también el porqué no existe una política fiscal que grave la vivienda vacía de los grandes poseedores o no se regulan los alquileres, recordando que en su última etapa en la Cámara gallega impulsó un acuerdo parlamentario para crear un impuesto autonómico a la vivienda vacía, que a día de hoy está incumpliendo por sistema el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al tiempo que a nivel estatal tampoco se ha avanzado nada en ese aspecto. El responsable político recuerda que PSOE y PP llevan 17 años bloqueando la posibilidad de que los ayuntamientos que lo deseen puedan aplicar recargos en el IBI a la vivienda desocupada de grandes poseedores. «¿Cómo puede movilizarse la vivienda vacía si les sale gratis tenerlas desocupadas?» -cuestiona-.

En su etapa como parlamentario, Sánchez impulsó un acuerdo parlamentario a nivel autonómico para gravar impositivamente la vivienda vacía / Anova

Sánchez apunta al respecto que «sólo con una amplia respuesta social popular y organizada se podrán conseguir cambios» dado que el enfrentamiento es contra «uno de los grandes negocios del capitalismo», defendido por los grandes lobbies de presión «que manejan y condicionan las políticas de las Administraciones».

El portavoz considera fundamental promover un parque público de vivienda de alquiler significativo que por una parte, sirva para dar solución a la gente, pero que también sea válido como elemento para regular el mercado, además de tener una política impositiva a la vivienda vacía de los grandes poseedores al tiempo que se toman otras medidas como la reserva del suelo para vivienda público en los planes de ordenación municipal o la eliminación de los privilegios fiscales a las SICAV o los fondos buitres.

«La dificultad no es sólo técnica, sino que el problema es que hay que tener voluntad política y asumir que habrá conflicto con una parte importante del poder económico, pero es que estamos hablando de un derecho humano y en este sentido hay que considerar que el principal colectivo afectado son mujeres con niñas y niños a cargo que muchas veces pasan por varios desahucios, lo que marca definitivamente sus vidas. Esto es algo totalmente inaceptable» -denuncia-.

Por eso, para Sánchez, «las políticas públicas de vivienda son las que tienen más sentido, para quitarle el control a los especuladores o por lo menos atenuar su poder«, siendo «también fundamentales para luchar contra la desigualdad social y económica», algo que la izquierda «debería tener siempre entre ceja y ceja» -concluye Antón Sánchez-.

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