El portavoz nacional de Anova se hace eco en un artículo de opinión del cese fulminante de Josefina Fernández Miguélez («Chefi») como CEO de la cadena de residencias DomusVi a consecuencia, según reflejan los medios de la «crisis reputacional y financiera» en la que puso a la compañía.
Para Antón Sánchez, esa «crisis reputacional» percibida por la cadena «parece que no tiene consecuencias en las políticas públicas de Galicia» con un Ejecutivo del PP, con Feijóo al frente, «dispuesto a seguir garantizando el negocio a empresas como DomusVi» aunque sea «a costa de las explotación de las trabajadoras y la salud de los mayores».
Sánchez detalla como esta empresa, asentada sobre los cimientos de una sociedad semipública «por obra y gracia de la fusión-Feijóo» e incluso en operando en inmuebles cedidos por los ayuntamientos, es, por encima de todo, «un trato de favor caciquil del PP» desde un Gobierno Feijóo «que no ha abierto ni una residencia pública pero si ha privatizado muchas».
El responsable político alerta de que en Galicia, con una evidente carencia de plazas en residencias con respecto al resto del Estado y «a pesar de ser una de las comunidades autónomas más envejecidas», se ha «cerrado el grifo» de la gestión pública orientando todo el negocio hacia la privada incluso hasta en el «Bono Axuda», desviando un reguero de fondos públicos al negocio particular de unos pocos gestores con afán de lucro.
Sánchez incide en que en el reciente Debate da Nación celebrado en el Parlamento gallego Feijóo «pasó por este asunto sin despeinarse» reafirmándose en su apuesta por la gestión privada «a pesar de que los datos de la pandemia «demuestran la superioridad de la gestión pública directa». De hecho, el Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN) ha demostrado con datos que «en una residencia privada una persona tenía casi seis veces más posibilidades de morir a causa del Covid-19 que en una que haya vivido en una pública de gestión directa» y a pesar de esto «Feijóo quiere que prevalezca el negocio de las empresas amigas del PP» pese a que es un hecho que sindicatos y asociaciones de familiares han venido denunciando desde hace años los numerosos incumplimientos normativos de las residencias privadas en temas como los ratios de personal o los protocolos, factores en todos los casos «decisivos a la hora de afrontar la pandemia».
En la misma línea Antón Sánchez considera aún «más escandaloso» el informe del Consello de Contas del 2017 que de manera «sorprendente» no aparece en las portadas de los grandes medios «concertados», y que textualmente señala que:
«Algunas de las incidencias detectadas y de las actuaciones de control en los centros residenciales, también recogidas en las actas de la inspección de Servizos Sociais, se refieren a incumplimientos en materia de personal, fundamentalmente de ratio de personal de atención directa y la no diferenciación de funciones por categorías profesionales, uso inadecuado de las instalaciones, deficiencias en los protocolos de funcionamiento, falta de rigor de los registros y no actualización de los datos del Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPPS) apreciándose que, a pesar de que en los casos en que las irregularidades observadas no se han corregido, no se han iniciado expedientes sancionadores».
Para el portavoz nacional de Anova esto supone «un escándalo silenciado» con entidades privadas incumpliendo sistemáticamente los ratios legalmente establecidos «para exprimir al máximo los beneficios» mientras la Xunta de Galicia, a pesar de que las Inspección de Servicios Sociais denunciaba dichas irregularidades «miraba para otro lado».
Por eso considera alarmante que «Chefi», como «amiga del PP» sea cesada «porque su imagen perjudica la cuenta de resultados de la empresa» pero que esto «no tenga ninguna consecuencia por parte de la Administración pública que debería de velar por el cumplimiento de la Ley y sobre todo, por la salud de las personas».
«Ahora te ya parece que pasó lo peor de la pandemia pretenden que nos olvidemos de todo y reanudar el plan original: el negocio de la tercera edad. No deberíamos» -concluye Antón Sánchez-.
