El portavoz nacional de Anova reflexiona en una carta abierta a la ministra de Transición Ecológico y Reto Demográfico Teresa Ribera sobre el elevado impacto que la instalación de aerogeneradores y la falta de control administrativo está teniendo en el territorio» dejando únicamente «migajas económicas» que en último término no revierten beneficio alguno a la ciudadanía.

Antón Sánchez durante una visita a la población afectada por los parques eólicos de Endesa en la localidad lucense de Paradela / Anova

El líder político recuerda a Teresa Ribera que en muchas zonas de Galicia se hizo con los embalses algo similar a lo que se pretende hacer con los parques eólicos, algo «que sólo produjo impactos ambientales y abandono del rural», ya que «los beneficios de estas actividades vuelan y no favorecen la economía de su alrededor».

En este sentido -refleja Sánchez- Galicia exporta entre el 30 y el 40 por ciento de la electricidad producida que es, fundamentalmente, eólica e hidroeléctrica (en 2019 el 85% de la electricidad consumida fue producida por energías renovables), lo que significa que si fuera un estado independiente de la UE «cumpliría con un amplio margen» los objetivos de producción de renovables marcado por el Gobierno del Estado para el año 2030 con 11 años de antelación. Por este motivo -considera el portavoz de Anova «Galicia no tiene porqué acometer una carrera irracional de instalaciones de parques eólicos que desatienda la imprescindible planificación y protección del territorio y de las personas que en él habitan» pues la población «precisa fuentes de energía que reviertan en su bienestar y no megaparques eólicos cuya propiedad está en manos de grandes fondos de inversión» que se llevan los beneficios dejando únicamente los impactos socioambientales y las migajas económicas.

Para Antón Sánchez, «desde el punto de vista del interés general y de la racionalidad» las actuaciones de una transición ecológica justa «deberían responder a una planificación pública, fruto de un debate social y una amplia participación con total transparencia» que parta de «definir la potencia a instalar» y priorice «las necesidades de la gente y la sostenibilidad del sistema», no las necesidades de los balances de las grandes corporaciones «ajenas a la economía local».

El responsable político apuesta por una planificación, en definitiva, «que se inserte en una ordenación territorial que tenga en cuenta los valores naturales, paisajísticos, los núcleos de población, la interferencia con otras producciones y la economía local». Algo que, a su juicio, «no se está haciendo en Galicia», pues se está actuando «sin ningún tipo de planificación pública que sirva de protección para esos valores que deberían protegerse si simplemente se cumplieran las directivas europeas».

«La mal llamada Transición Energética que dicen defender está en manos de bancos, fondos buitres, constructoras o eléctricas que sólo responden a la lógica de la maximización de su beneficio y no a las necesidades humanas de preservación de valores imprescindibles para nuestro futuro» -espeta Sánchez a la ministra Ribera-.

«Esto que ustedes definen como transición energética es el enésimo negocio del capitalismo de amiguetes, en el que los que antes tenían térmicas que externalizaban los costes producidos por la contaminación o los que se lucraron con la burbuja inmobiliaria ahora ponen sus esperanzas de beneficios en el sector de las renovables, ayudados por administraciones que debieran velar por el interés general y que parecen empeñadas en darles otra vez el timón y el lucro a esa élite» -sentencia el portavoz nacional de Anova-.

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