Anulan la condena a Ana Botella por la venta de pisos de protección pública a fondos buitre

El Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia condenatoria anterior y absuelve por tanto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo por la venta en 2013 a fondos buitre de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. Con ello, revierte el fallo inicial dictado el 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS.

La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada Sala. Los dos consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

El voto en contra restante ha sido formulado por Felipe García Ortiz, propuesto para el cargo por el PSOE, y que ha alegado en su decisión que se aprecian irregularidades y responsabilidad contable en la venta de las miles de viviendas protegidas puesto que la operación de venta fue «lesiva» para el patrimonio municipal y no cumplió los principios de «publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad» en el procedimiento.

El fallo de primera instancia consideró que los implicados fueron responsables contables de los hechos porque eludieron «la normativa de derecho público aplicable a operaciones en las que intervinieron y provocaron una salida de fondos indebida y una venta de patrimonio público a precio injustificadamente reducido».

El Tribunal de Cuentas considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar «negligencia grave» a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera «impugnada en ningún modo».

Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que «no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra».

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