El Senado irlandés ha aprobado el Proyecto de Ley sobre Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo), por lo que ya puede ser enviado al presidente para que firme su entrada en vigor. “Este es un significativo paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y niñas, pero la ley sigue conteniendo barreras para el acceso”, indican desde Amnistía Internacional.

La ciudadanía de Irlanda votó en mayo de este año por aplastante mayoría a favor del acceso al aborto basándose en el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y su salud. La aprobación de este nuevo proyecto de ley sobre el aborto es un hito de enorme importancia que legalizará en Irlanda el acceso al aborto en ciertas circunstancias. «La nueva ley sobre el aborto garantizará que la mayoría de las mujeres pueda acceder a estos servicios en Irlanda, y esto es un paso importante«, indica Colm O’Gorman, de Amnistía Internacional.

Sin embargo, hacen falta más medidas para que la ley sea compatible con los derechos humanos. Las mujeres llevan esperando este cambio 35 años; las violaciones diarias de sus derechos humanos deben acabar. Sin embargo, debe evitarse una situación en la que la ley impida a las personas embarazadas el acceso a los servicios de salud que necesitan o retrase su atención. Las  mujeres irlandesas no pueden seguir viéndose obligadas a viajar o a acceder a píldoras abortivas ilegales en Internet.

Sabemos por las encuestas de salida realizadas tras la votación de mayo que el 62% de las personas votó ‘sí’ porque estaban de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir y el 55% votó porque consideraban que el acceso al aborto era un problema de salud de las mujeres. La nueva ley sobre el aborto garantizará que la mayoría de las mujeres pueda acceder a estos servicios en Irlanda, y esto es un importante paso adelante», dijo Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.

Tal como está redactada actualmente la ley, sigue habiendo barreras que impiden el acceso de las mujeres a una atención oportuna. Y hay algunas deficiencias significativas, como que entre ellas figura el umbral, potencialmente alto y ambiguo, que crea la redacción acerca del ‘daño grave’ para la salud de las mujeres; la ausencia de disposición de acceso en caso de malformaciones graves del feto, en lugar de mortales; los periodos de espera obligatorios y que siga criminalizándose a los profesionales de la salud.