Este miércoles, la Cámara de Diputados italiana aprobó el decreto migratorio elaborado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, una norma que vulnera el derecho internacional ya que, entre otras modificaciones, limita el número de rescates que pueden realizar sus barcos en el Mediterráneo, según las ONG de salvamento marítimo.
El Ejecutivo aprovechó su mayoría parlamentaria para tramitar el decreto mediante un voto de confianza (conocido en Italia como fiducia) que evita presentar cualquier tipo de enmienda y así acelerar el proceso.
El voto de confianza recibió 202 votos a favor y 136 en contra, por lo que el decreto ha quedado aprobado, aunque su tramitación definitiva finalizará este miércoles, y luego pasará al Senado.
A principios de este año, el Consejo de Ministros italiano aprobó el citado decreto con puntos que modifican las actividades de salvamento: la obligación de pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos.
Desde hace semanas, Italia desvía los barcos, incluso los ubicados en el centro-norte del país o la costa del mar Adriático, a puertos por toda la costa nacional en lugar de sitios próximos a la zona de rescate, como Sicilia o Lampedusa.
De este modo, barcos de organizaciones como Open Arms y Médicos Sin Fronteras han tenido que viajar hasta 4 y 5 días para poder desembarcar a los migrantes rescatados con seguridad.
Durante estas semanas la única embarcación que ha logrado la asignación de un puerto cercano fue la Sea Eye 4, que logró atracar en Nápoles, ya que el primer puerto asignado se encontraba a unos cinco días de navegación. La Sea Eye 4 viajaba con 109 migrantes y dos cadáveres tras dos operaciones de rescate en el Mediterráneo central.
El decreto establece también un régimen de sanciones administrativas que incluyen “la detención administrativa del buque, contra la cual se admite recurso, y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar”.
En caso de incumplir las normas se estipulan multas de hasta 10.000 euros para los capitanes y propietarios de los buques y de 50.000 euros para los barcos.
La semana pasada el Consejo de Europa escribió al Gobierno italiano para pedirle que dé marcha atrás con la norma, ya que podría privar a los migrantes de una “asistencia vital”, y su respuesta fue que “lo que la nueva norma pretende evitar es, más bien, la actividad sistemática de recuperar migrantes en aguas de las costas libias y tunecinas para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación”
En lo que va de año, más de 4.000 migrantes han llegado a Italia a través del Mediterráneo central frente a los 1.700 del mismo periodo del año pasado, mientras que fueron más de 100.000 los que llegaron a las costas italianas en 2022, según datos del Ejecutivo italiano.
