Desde 2014, más de 100 personas de nacionalidad saudí ha sido juzgadas ante el Tribunal Penal Especializado por cargos vagos y muy variados que tienen que ver con su oposición al gobierno, incluida la crítica pacífica de las autoridades.



Según ha documentado Amnistía Internacional, los juicios de varios activistas chiíes en este tribunal han sido sumamente injustos, y los acusados han sido declarados culpables, y en muchos casos condenados a muerte, por cargos vagos que criminalizan el ejercicio de una oposición pacífica, y basándose en “confesiones” extraídas mediante tortura u otros medios coercitivos.

Ahora, Arabia Saudí quiere utilizar la pena capital como castigo para un joven a quien detuvieron a los 13 años por participar en unas protestas contra el gobierno cuando tenía 10.

La fiscalía saudí pidió la pena de muerte para Murtaja Qureiris en agosto de 2018 por una serie de delitos, algunos de los cuales datan de cuando el joven sólo tenía 10 años. La CNN reveló esta semana que el joven puede ser condenado a muerte, y publicó unas imágenes de vídeo en las que aparecía montado en bicicleta en unas protestas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí cuando era un niño en 2011.

“No cabe duda de que las autoridades saudíes están dispuestas a hacer cualquier cosa para reprimir la disidencia de su ciudadanía, incluso recurrir a la pena de muerte en el caso de hombres que no eran más que niños cuando los detuvieron”, ha declarado Lynn Maalouf, investigadora de Amnistía Internacional para Oriente Medio. “Es terrible que Murtaja Qureiris se enfrente a ser ejecutado por delitos tales como participar en protestas cuando sólo tenía 10 años”, indica Maalouf.

El derecho internacional prohíbe estrictamente el uso de la pena de muerte en el caso de delitos cometidos por personas menores de 18 años.



En la Provincia Oriental de Arabia Saudí, cuya población es principalmente de minoría chií, tras los levantamientos árabes de 2011 ha habido oleadas de protestas que las autoridades han reprimido durante años, entre otras formas mediante procesamientos.

Murtaja Qureiris, que ahora tiene 18 años, fue arrestado en septiembre de 2014 y estuvo detenido en Dar al-Mulahaza, un centro de detención de menores de la ciudad de Dammam. El joven, que permaneció aislado durante un mes, fue sometido a palizas e intimidación en su interrogatorio. Sus interrogadores le prometieron que lo dejarían en libertad si se confesaba autor de los cargos contra él. En mayo de 2017 lo trasladaron a la cárcel de Al-Mabaheth, un centro penitenciario de adultos de Dammam, aunque sólo tenía 16 años. Durante su detención se le negó el acceso a asistencia letrada hasta después de su primera sesión judicial, celebrada en agosto de 2018 en el Tribunal Penal Especializado, un tribunal antiterrorista creado en 2008 que cada vez se utiliza más para casos relacionados con manifestantes y activistas de derechos humanos.

Se le acusa de participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano Ali Qureiris, que murió en una manifestación en 2011, unirse a una “organización terrorista”, arrojar cócteles molotov contra una comisaría y disparar a las fuerzas de seguridad. Actualmente está aguardando la siguiente sesión de su juicio.

“Las autoridades de Arabia Saudí tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a personas de la perseguida minoría chií del país —incluso menores de edad— que protestan contra el gobierno”, ha dicho Lynn Maalouf.

En abril, Amnistía Internacional confirmó la ejecución de Abdulkareem al-Hawaj, otro joven chií detenido a los 16 años y declarado culpable de delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno. Abdulkareem fue uno de los 37 hombres a los que se aplicó la pena de muerte en un mismo día de terrible frenesí ejecutor.

Ali Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon, que fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años, respectivamente, por participar en protestas contra el gobierno, han agotado todos los recursos de que disponían y corren el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento.

“En vez de aumentar el uso de la pena de muerte para silenciar las voces críticas, las autoridades de Arabia Saudí deben revocar de inmediato las condenas a muerte dictadas contra Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon y salvar las vidas de estos jóvenes. La comunidad internacional también tiene un papel fundamental, pues debe tomar postura públicamente respecto a estos casos y exigir que las autoridades saudíes pongan fin de una vez por todas al uso de la pena de muerte”, ha afirmado Lynn Maalouf.

Arabia Saudí tiene un terrible historial de uso de la pena de muerte, incluso contra menores, tras juicios sumamente injustos que se basan en confesiones extraídas mediante tortura. El uso de la pena de muerte es terrible en todas las circunstancias, pero aún más cuando sigue a un juicio injusto. Amnistía Internacional se opone al uso de la pena de muerte en todas las circunstancias sin excepción.

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