La denuncia presentada por Vox contra la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia y Sare Antifaxista ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción en Barakaldo.

La querella fue presentada tras los incidentes registrados el pasado 26 de junio durante un mitin del partido de extrema derecha en Sestao (Bizkaia), que se desarrolló entre las protestas de grupos antifascistas, según ha informado Sare Antifaxista en una nota.

Durante el desarrollo de las protestas, Rocío de Meer, diputada del partido ultra, resultó herida con una brecha en la ceja izquierda al supuestamente recibir una pedrada. Vox presentó denuncia alegando que los hechos podían ser «constitutivos de delitos electorales contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con los delitos de amenazas de muerte e insultos, en concurso con el delito de odio», así como «de delitos contemplados en el Código Penal, relativos a los delitos de abandono de destino y el de omisión del deber de perseguir delitos».

Según señala Sare Antifaxista, la denuncia ha quedado archivada al considerar el juez que «no se sostiene» que los participantes en los altercados «hayan sido incitados por Sare Antifaxista a cometer hechos delictivos en base a motivos de discriminación ideológica».

En el fallo, el juzgado recuerda que «el contexto de la denuncia es un mitin celebrado en campaña electoral autonómica, con el nivel de crispación que estos periodos implican». El denunciante, indica, «manifiesta que se realizaron contramanifestaciones de carácter violento a las que acudieron personas colaboradoras de asociaciones como Sare Antifaxista, contra la que se presenta denuncia».

Según el juez, «estas personas que se presentan para manifestar su protesta y oposición al mitin, para alterar el orden y hacerse oír, en modo alguno puede sostenerse que hayan sido incitados por Sare Antifaxista a cometer hechos delictivos en base a motivos de discriminación ideológica». «Todo ello sin perjuicio de que la perjudicada por las lesiones presente la correspondiente denuncia, a los efectos de determinar el alcance y la autoría de las mismas», señala.

El fallo recoge, respecto a la denuncia presentada contra la consejera de Seguridad, que «el artículo 32 del Estatuto de Autonomía dispone que el Gobierno responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, ante el Parlamento vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro por su gestión respectiva».

Agrega, asimismo, que «el presidente del Gobierno y sus miembros, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco».

En el fallo se indica que «este juzgado carece de toda competencia para la instrucción de la misma, todo ello sin perjuicio de que se presente la querella ante el órgano competente».

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 637.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento libre de actuaciones.