El Gobierno argentino aprobó este jueves un plan anticorrupción con 250 iniciativas para consolidar la «transparencia y la integridad» de la administración pública en el período 2019-2023, uno de los objetivos centrales de la presidencia de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.
El decreto lleva la firma del propio Macri, así como las del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y en él se insistió que la lucha contra la corrupción «es un eje prioritario de las políticas del Poder Ejecutivo».
En los últimos años, la Justicia argentina abrió múltiples procesos por supuesta corrupción en el país, con la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) involucrada en varios de ellos y pendiente de varios juicios orales, el primero de ellos previsto para mayo.
El nuevo plan anticorrupción destaca en su interior los avances realizados en dicha materia los tres últimos años del Gobierno de Macri y planifica iniciativas para los próximos cinco años.
La corrupción en la Administración Pública, según la normativa, es «un fenómeno complejo» debe ser abordado «de modo amplio mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas tanto preventivas como punitivas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos» por el país.
El denominado «fortalecimiento institucional» es uno de los puntos destacados del texto divulgado, y el Ejecutivo pretende conseguirlo a través de una mayor transparencia, la rendición de cuentas y la planificación de la gestión para evitar la «burocratización excesiva» y el poco acceso a nuevas tecnologías que, consideran, había en el pasado.
Otros objetivos pasan por medidas orientadas a políticas ya promulgadas por el Gobierno de Macri, como la modernización del Estado y la inserción «inteligente» al mundo a través de la prevención de la corrupción y las investigaciones y sanciones de procesos de este tipo.
Entre los avances que la Administración considera que logró en la materia, el documento incide en primer lugar en el derecho de Acceso a la Información Pública, ley que fue aprobada en 2016 y que desde entonces hace que los tres poderes estén obligados a proporcionar cualquier dato de manera accesible y gratuita.
Como resultado de la aplicación de dichas políticas, en 2018 el país mejoró su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción frente a los años anteriores, ubicándose en el puesto 85 de 180.
«La lucha contra la corrupción y el respeto por la ética republicana y la transparencia deparan indudable beneficios de toda índole para la Nación», se lee en el plan, que busca generar «prestigio, confianza y previsibilidad» para un desarrollo económico sostenible en Argentina.
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