Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, ha asegurado en una entrevista en Religión Digital que los bienes que se adjudicaron como propios gracias a la Ley Aznar “era obvio que pertenecían a la Iglesia”.

El obispo auxiliar de Valladolid ha defendido la legalidad de los más de 40.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia, en virtud de la reforma de la ‘Ley Aznar’, y que ha sido duramente cuestionada por los colectivos patrimonialistas.

La ley aprobada por el primer gobierno de Aznar concedió a la iglesia católica el privilegio de poder inmatricular bienes como propios, para ello bastaba la firma del obispo, que actuaba como notario a efectos legales.

Respecto al proceso de inmatriculaciones que tuvo lugar entre 1998 y 2015, Argüello ha admitido que quizá haya algún bien o alguna superficie alrededor de un bien que sea discutible, pero se daban dos años para poder recurrir y nadie lo hizo.

«Podemos hablar de esos casos (de inmatriculaciones irregulares), pero no de una enmienda a la totalidad del proceso salvo que se quiera una nueva desamortización», ha señalado el portavoz de la CEE.

De las inmatriculaciones realizadas por la Iglesias católica en esos 17 años, la mitad de los inmuebles son estrictamente religiosos, el resto pueden ser fincas, edificios de viviendas, garajes…

Entre los monumentos más emblemáticos inmatriculados por la Iglesias se encuentra la Mezquita de Córdoba, la Giralda, la Catedral de Sevilla, la de Zaragoza, la de Valladolid y la de Granada, entre otras.

Los registradores de la propiedad hicieron la vista gorda durante décadas a la inscripción de miles de monumentos de un enorme valor histórico que antes de la reforma de Jose María Aznar de 1998 no podían ser inmatriculados por ser templos de culto.

El obispo considera que administraciones públicas, Iglesia y sociedad deben ponerse de acuerdo para mantener un patrimonio tan impresionante y ha explicado que : «Tenemos mucho interés en clarificar estas cuestiones, pues creemos que globalmente las Diócesis lo han hecho bien, conforme a la legislación vigente», añade.

No obstante, ha añadido que: «En caso de reformas, la Iglesia desea que se respete su condición de entidad que colabora en el bien común, que desarrolla y cumple fines sociales que merecen ser reconocidos y promovidos, también fiscalmente».