El Gobierno aprobará el Ingreso Mínimo Vital este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros extraordinario, una prestación que beneficiará a 850.000 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuya cuantía oscilará entre los 460 y los 1.100 euros mensuales.

José Luis Escrivá en declaraciones a «El Periódico» avanzaba que esta prestación logrará sacar de la pobreza extrema al 75% de los 600.000 hogares que se encuentran en esa situación, aunque algunas familias seguirán en niveles de pobreza «pero ya no tan aguda».

El primer requisito para optar a cobrar el Ingreso Mínimo Vital es tener unos ingresos mensuales de menos de 200 euros, o menos de 450 de renta media en una unidad familiar.

Se debe tener además residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

Además los perceptores deben tener entre 23 y 65 años, existe la posibilidad de que sea a partir de 21 años, o de 18 años si tienen hijos. También es necesario estar en búsqueda activa de empleo por lo que será obligatorio que el beneficiario acepte los «itinerarios laborales o de inclusión» que se definan con las administraciones autonómicas y locales, tal y como ha señalado el ministro.

Otro dato a tener en cuenta es que las familias que tengan en propiedad una vivienda valorada en más de 100.000 euros no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital, aunque carezcan de ingresos.

La cantidad a cobrar se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, de si se tiene personas mayores o hijos a cargo y será compatible con otras prestaciones siempre y cuando no se supere un determinado umbral. Los beneficiarios podrán percibir la nueva prestación durante un tiempo indefinido mientras cumplan los requisitos de acceso.

La ayuda que supondrá un coste anual de 3.000 millones de euros para las arcas públicas comenzará a cobrarse a partir del mes de junio a medida que se vayan recibiendo las solicitudes y la intención del Ejecutivo es que empiece a abonarse a unos 100.000 hogares a los que se concederá de oficio, sin que tengan que solicitarla previamente.

Según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad social y Migraciones a «El Periódico» la prestación no constará de una cantidad fija, sino que será un «complemento» para alcanzar un umbral de renta mínima fijado para cada hogar en función de sus características. En este sentido, habrá hasta 14 tipologías diferentes, teniendo en cuenta el número de hijos a cargo y los hogares monoparentales. Y ha precisado que en la mayoría de los casos la cuantía del IMV estará por debajo del salario mínimo.

Además ha explicado Escrivá para implicar al sector privado se creará un «sello social» para aquellas empresas que ayuden a encontrar empleo o con descuentos a personas identificadas como vulnerables.

Aunque la prestación irá a cargo de la Seguridad Social, se habilitarán diferentes canales que implicarán a ayuntamientos, tercer sector y comunidades autónomas.