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Asociaciones de guardias civiles plantan al director a la espera de que Marlaska aclare la equiparación salarial

Según han explicado en un comunicado, Grande-Marlaska «no se ha presentado a la hora de inicio» de la reunión del Consejo de la Guardia Civil. El director general, Félix Azón, ha decidido continuar con el desarrollo del pleno, desatendiendo su petición de demorar el inicio hasta la llegada del ministro.

«Las asociaciones profesionales quedamos a la espera de que llegue el ministro del Interior para exigir las explicaciones sobre las decisiones unilaterales que se han tomado en perjuicio de la Guardia Civil. En caso de que no sean convincentes, anunciaremos acciones legales contra los responsables ministeriales», señalan en un comunicado que firma AUGC, UO, AEGC, ASES-GC, UniónGC y APC.

En redes sociales han difundido una foto en la que se les ve a las puertas de la sala, calificando de «vergonzosa» la situación. Estas seis asociaciones profesionales adelantaron ayer que trasladarían a Grande-Marlaska su «enorme malestar» por el «oscurantismo» en la equiparación salarial, ante la falta de información sobre el informe de la consultora externa contratada para refrendar las cantidades del acuerdo en tres años, de 2018 a 2020.

Se quejan de que se haya modificado de forma «unilateral» el porcentaje del reparto del acuerdo de equiparación salarial del tramo de 2019. Se trata del reparto de 250 millones del segundo tramo, lo que se traduce en 4,3 millones de euros extras (un 1,72%) para la Policía Nacional.

Diferentes organizaciones sindicales de la Policía también reclama que se haga público la consultoría que debe fijar las cifras del acuerdo de equiparación. El sindicato de mandos SPP está especialmente molesto por el reparto por escalas dentro de cada cuerpo policial.

En total, el acuerdo fija una subida de 807 millones en tres años, desde 2018 a 2020, a la espera de dicho informe externo. Al no haber presupuestos generales, este año se llevará a cabo la subida de 250 millones a partir de la nómina del mes de abril, aplicando para ello el Real decreto-ley para la función pública aprobado en enero. El acuerdo fue firmado siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y respetado en sus términos por Grande-Marlaska.

Redacción

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