Atacan a 80 personas en cinco meses por su actividad electoral en Colombia

Al menos 80 personas han sufrido ataques en Colombia durante los últimos cinco meses por actividades políticas relacionadas con las elecciones locales que se celebrarán el próximo 27 octubre, de las cuales seis fueron asesinadas y dos más desaparecidas, según un informe divulgado este miércoles.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) detalla en su «Primer informe de violencia y dinámica electoral» que a falta de un semestre para los comicios fueron perpetrados dos homicidios en los departamentos de Sucre y Valle del Cauca, mientras que en Antioquia y Putumayo fueron asesinadas una en cada uno.

El estudio resalta que se han registrado además 63 amenazas, seis atentados, dos detenciones arbitrarias y un hurto contra personas que ejercían algún tipo de labor electoral.

Los departamentos más afectados son el del Tolima (centro), con 13 amenazas; seguido por el caribeño de La Guajira, con 12, y el suroccidental del Valle del Cauca, donde se han producido dos homicidios, siete amenazas y un atentado fallido.

El pasado 1 de diciembre en este último departamento, el precandidato a la Alcaldía del municipio de Cartago Hugo Eduardo Cedeño Espinosa fue víctima de un ataque a tiros en el que murieron dos personas y cinco más resultaron heridas.

Entre tanto, el departamento de La Guajira es conocido en la política por la fuerte influencia que tienen los clanes de la región que se reparten y heredan el poder e incluso los exgobernadores Oneida Pinto y Juan Francisco Gómez han sido condenados por actos de corrupción.

Según el documento, la mayoría de los 80 ataques contra los participantes en las elecciones del próximo 27 de octubre se concentran en los departamentos de la costa pacífica, un importante corredor para grupos de narcotraficantes y que alberga Tumaco, el municipio con más hectáreas de coca sembradas en toda Colombia.

Para octubre de este año, casi 33 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir a gobernadores, alcaldes, concejales municipales, diputados y ediles por un periodo de cuatro años que comenzará el 1 de enero de 2020.

Durante el periodo analizado, del 27 de octubre al 30 de marzo, los meses en que más ataques hubo fueron los de enero y febrero.

En esos meses se registraron 22 ataques, once en enero y once en febrero, contra 45 personas.

El analista y subdirector de Pares, Ariel Ávila, afirmó en la presentación del informe que los sectores políticos más afectados son los «afines al Gobierno» y los de «la oposición», colectivos «que concentran casi el 60 %» de los ataques.

Por otra parte, los tradicionales partidos Liberal y Conservador «están en un nivel bajo de victimización».

Sobre los autores de los ataques, el experto señaló que en un 80 % de los casos no se ha podido determinar, pues hace falta una estrategia por parte del Estado para identificarlos.

Asimismo, resaltó que los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley han generado desplazamientos, afectando el derecho al voto de algunos habitantes de zonas en conflicto.

A modo de ejemplo, mencionó la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde más de 3.000 personas han sido desplazadas por los combates entre la guerrilla del Ejército Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado una banda narcotraficante por el Gobierno.

Por todos estos actos, Ávila pidió al Estado una estrategia con tres pilares para proteger a candidatos en «zonas neurálgicas» con carros blindados y escoltas, así como la creación de un grupo interinstitucional para hacer seguimiento a la filtración en campañas de capitales de origen ilegal.

«A la Fiscalía, que dedique grupos especiales a las investigaciones y victimizaciones que hasta ahora se han cometido», concluyó Ávila.