• Interior, Sanidad y Migraciones se pasan la pelota mientras más de 1.300 personas continúan hacinadas en un centro habilitado solo para 782, donde es imposible garantizar el derecho a la salud, y donde se han detectado los primeros casos de COVID-19
  • El Gobierno se resiste a cumplir varias sentencias sobre libre circulación, la última, del Tribunal Supremo, en julio, que indican que los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, una vez que su solicitud es admitida a trámite, tienen derecho a circular por todo el país

Esta semana se cumplen cuatro meses desde que se realizó el último de los traslados desde el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde cientos de personas se encuentran hacinadas en un espacio donde no se pueden cumplir las condiciones de seguridad sanitaria recomendadas por las autoridades para hacer frente a la situación producida por la COVID-19. En total, han pasado 125 días desde que se produjo el último traslado de 136 personas el pasado mes de mayo, a pesar de que los contagios han ido en aumento y en la actualidad hay al menos 85 casos de coronavirus en un centro que no cuenta con lugares apropiados para el aislamiento si aparecen brotes como éste. Amnistía Internacional, que lleva desde el inicio de la pandemia denunciando la situación en el CETI de Melilla, exige, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Interior, que autoridades de Sanidad o Migraciones alivien el hacinamiento en el CETI. La organización lamenta que los tres ministerios se pasen la pelota entre ellos sin tomar una decisión que garantice la salud de estas personas. Así lo reflejó también ayer en su comparecencia el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, Rafael Pérez Ruiz, quien, al ser preguntado por los CETIS, aseguró que «corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo una coordinación y comunicación casi diaria con la Secretaria de Estado de Migraciones»

Además de la situación de hacinamiento en la que se encuentran las personas migrantes y posibles refugiadas, la organización lamenta que las autoridades se resistan a cumplir las numerosas sentencias sobre libre circulación de solicitantes de asilo dictadas por los tribunales. Así se lo recordó una vez más el Tribunal Supremo, en una sentencia que reconoce la libertad de movimiento en todo el territorio nacional de las personas solicitantes de asilo admitidas a trámite. Esta resolución no hace sino confirmar lo que otras 22 sentencias de tribunales de justicia de Andalucía y Madrid llevan diciendo desde el año 2010. Sin embargo, a pesar de ello, 250 personas solicitantes de asilo, muchas de ellas mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, siguen retenidas en el CETI de Melilla en condiciones lamentables, sin poder salir de la ciudad y trasladarse a un lugar seguro. La última excusa, denuncia la organización, ha sido la necesidad de tener que llevar a cabo cambios administrativos y modificar una instrucción de 2010 para poder cumplir la sentencia del Supremo, tal y como declaró ayer el Secretario de Estado de Seguridad en sede parlamentaria.

«Llevamos muchos meses pidiendo al Ministerio de Interior un plan para descongestionar el centro y acelerar los traslados a la Península, especialmente de las personas vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, niños y niñas, personas del colectivo LGBTI, o aquellas que cuentan ya con protección internacional. Pero parece que la salud de estas personas no importa, sino que cada ministerio descarga la responsabilidad en el otro, sin que ninguno finalmente tome la decisión”, lamenta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Ya advertimos desde el inicio de la pandemia sobre los posibles contagios y la dificultad para mantener las distancias de seguridad en un centro tan hacinado, así como la ausencia de condiciones higiénicas necesarias, y de la falta de acceso a materiales de protección como guantes y mascarillas. Esperamos no tener que lamentar algo más grave. Estamos en medio de una pandemia y todas las personas tienen derecho a que su salud sea protegida, independientemente del lugar donde se encuentren», añade el director de AI.

La organización también ha querido dar la voz de alarma una vez más sobre la situación en la que se encuentran las personas en la Plaza de Toros de Melilla, convertida en un espacio para albergar personas vulnerables durante esta crisis sanitaria. A pesar del traslado de casi 60 personas que se realizó el pasado 2 de septiembre, aún se encuentran en situación de hacinamiento al menos unas 100 personas subsaharianas, muchas de ellas solicitantes de asilo. El espacio habilitado para ellas se encuentra en unas condiciones deplorables, con las camas dispuestas sin la menor distancia y con solo dos baños para higiene personal.

Fuente: Amnistía Internacional

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