Australia aprobó hoy de manera pionera una legislación que establece fuertes sanciones, incluso penas de cárcel, a los directivos de redes sociales que no retiren contenidos extremadamente violentos, una revisión que responde al reciente ataque supremacista en Nueva Zelanda con 50 muertos.
La controvertida medida establece penas de prisión de hasta tres años para los ejecutivos de las compañías tecnológicas que no borren inmediatamente los contenidos de actos terroristas, asesinatos, violaciones, torturas o secuestros, o una multa del 10 por ciento de la facturación anual de la plataforma.
También incluye el requerimiento a estas plataformas de informar a la Policía tan pronto como detecten la transmisión en directo de una «conducta violenta aberrante» en Australia, con multas de hasta 840.000 dólares australianos (unos 600.000 estadounidenses o 531.000 euros) para las compañías infractoras.
Los cambios en la legislación, aprobada ayer por el Senado y hoy por la Cámara de Representantes, fueron adoptados tras el atentado del 15 de marzo contra dos mezquitas de la ciudad Christchurch, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, en el que murieron 50 personas y otras 50 resultaron heridas.
El ataque fue retransmitido en directo durante 17 minutos a través de Facebook por el asaltante, el australiano Brenton Tarrant, quien también publicó en las redes sociales un manifiesto de 70 páginas con su ideario extremista.
«Los medios de comunicación no pueden retransmitir en directo el horror de Christchurch u otros crímenes violentos, y las redes sociales tampoco deberían poder hacerlo», dijo el ministro de Comunicaciones, Mitch Fifield, en un comunicado.
«Si una red social no tomara medidas para parar una retransmisión en directo de este tipo de violencia debería enfrentarse a un fuerte castigo y esto es lo que ocurrirá ahora, cuando esta ley entre en vigor», añadió Fifield.
El fiscal general de Australia, Christian Porter, destacó que el atentado de Christchurch «muestra que las plataformas de internet pueden ser usadas para difundir mensajes de odio y terror» y defendió la reforma que sitúa al país oceánico en una posición de «liderazgo mundial» en este tipo de legislaciones.
«Quedó claro en nuestras discusiones con las compañías de redes sociales, en especial con Facebook, que estas no reconocían la necesidad de actuar urgentemente para proteger a sus propios usuarios», dijo Porter en el mismo comunicado.
La reforma impulsada por el Gobierno de la coalición conservadora fue aprobada con el apoyo de la oposición laborista, aunque un portavoz de esa formación avanzó que si ganan las elecciones previstas este año la enviarán a comités parlamentarios de inteligencia y seguridad para enmendarla.
«La ley es torpe y tiene fallos en muchos aspectos», dijo el portavoz laborista para asuntos de la fiscalía, Mark Dreyfus.
Los cambios también generaron dudas en el Consejo Legal de Australia, cuyo presidente, Arthur Moses, dijo que hacer a las redes sociales y a sus ejecutivos responsables penales por la difusión de contenido delictivo supone un «serio paso» que merece una mayor consideración.
«Sabemos que formular leyes como acto reflejo a un evento trágico no equivale a una buena legislación y puede tener múltiples consecuencias no deseadas», dijo Moses.
«Las redes sociales podrían dejar de ser útiles para denunciar atrocidades cometidas alrededor del mundo porque las compañías serían requeridas a retirar ciertos contenidos por miedo a sanciones. También podría llevar a la censura de los medios, los que sería inaceptable», añadió.
La nueva legislación fue anunciada el sábado por el primer ministro, Scott Morrison, y presentada el martes a Digital Industry Group (DIGI) -entidad que representa a Facebook, Google y Twitter, entre otros- cuya presidenta, Sunita Bose, alertó de las dificultades de cumplirla.
«Hay leyes en Estados Unidos, donde todos los fundadores de DIGI están radicados, que prohíbe a las empresas compartir cierto tipo de información, en especial datos de contenidos, con fuerzas de seguridad fuera de Estados Unidos», dijo Bose en una carta al Gobierno australiano según la cadena ABC.
Facebook retiró 1,5 millones de vídeos de la masacre de Christchurch durante las primeras 24 horas posteriores al ataque y Youtube «decenas de miles más».
El año pasado, Australia aprobó una ley para obligar a las empresas tecnológicas a garantizar el acceso de la Policía y las agencias de seguridad a los mensajes encriptados para combatir el terrorismo y el crimen.
Rocío Otoya
