Este jueves, los ministros de Interior de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para establecer un mecanismo de reparto de la acogida de migrantes irregulares que llegan a los países de entrada sometidos a una mayor presión debido a los flujos migratorios.
Este acuerdo representa uno de los pilares fundamentales en el equilibrio entre “responsabilidad y solidaridad” buscado por los gobiernos para desbloquear la reforma de la política de asilo común, según informa Europa Press.
Aunque este acuerdo no supone el final del proceso de reforma, establece los límites que los veintisiete países miembros deben negociar ahora con el Parlamento Europeo para definir la versión definitiva de los reglamentos que controlarán y procesarán las solicitudes de asilo.
En la práctica, esto allana el camino para cumplir el objetivo de cerrar el Pacto sobre Migración y Asilo antes de las próximas elecciones europeas en junio del próximo año.
La ministra sueca de Interior y presidenta de turno de la UE, Maria Malmer, agradeció el amplio apoyo y destacó la importancia de trabajar juntos. Por su parte, la comisaria de Interior y promotora de la reforma, la socialista sueca Ylva Johansson, celebró este día como histórico, ya que la migración ha sido durante mucho tiempo un tema complicado que ha bloqueado la reforma durante más de siete años debido a las enormes diferencias entre los gobiernos.
El acuerdo se logró después de que Italia levantara sus reservas respecto a las condiciones para deportar a los migrantes que llegan a la Unión Europea y no tienen derecho a asilo. En la votación, solo Hungría y Polonia se opusieron al acuerdo, mientras que Bulgaria, Malta, Eslovaquia y Lituania se abstuvieron debido a su insatisfacción con el texto.
Los ministros establecieron los criterios y umbrales para activar un mecanismo de “solidaridad flexible”, que obligará a los demás países a reaccionar cuando uno de los socios se vea desbordado por la llegada de migrantes. Esto puede implicar la reubicación de parte de las personas llegadas en otros países o el pago de una compensación fijada por cada reubicación rechazada.
La solución final es el resultado de meses de negociación técnica liderada por Suecia, que ostenta la presidencia de turno en este semestre. El objetivo es garantizar el equilibrio entre la solidaridad solicitada por los países del sur, como España e Italia, y las líneas rojas de los socios del este y del norte, que enfatizan la responsabilidad de los primeros para controlar los movimientos secundarios.
El acuerdo establece una reubicación mínima de 30.000 migrantes cada año y una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales al fondo de solidaridad para los gobiernos que no acepten asilar a la parte que les corresponda.
En la práctica, esto significa que deberán pagar una compensación de 20.000 euros por cada reubicación rechazada. También se prevé como alternativa una contribución en equipos y materiales útiles para la gestión y control de los flujos migratorios, valorada en función de la compensación estimada.
La Comisión Europea será la encargada de llevar a cabo una evaluación anual de la situación en cada Estado miembro para determinar cuáles se encuentran bajo presión debido a la falta de capacidad para gestionar un aumento repentino de solicitantes de asilo o llegadas irregulares.
Con base en esta evaluación, Bruselas designará qué países pueden solicitar la activación de la “reserva solidaria” y acceder a ella para solicitar un apoyo “razonable y proporcionado”.
El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, celebró este acuerdo como un gran paso hacia la creación de un sistema de asilo y migración más efectivo, solidario y justo en Europa. Sin embargo, también destacó la importancia de fortalecer el control de las fronteras exteriores y la colaboración con los países de origen y tránsito de la migración para que el Pacto funcione de manera efectiva.
Este acuerdo representa un hito significativo en los esfuerzos de la Unión Europea por abordar la cuestión migratoria y establecer un marco común para la gestión de los flujos migratorios. Aunque aún queda trabajo por hacer y la negociación con el Parlamento Europeo será crucial, se ha logrado un consenso importante entre los países miembros, lo que abre el camino hacia una mayor solidaridad y responsabilidad en la gestión de la migración en Europa.