El respaldo ayer en el Congreso de los Diputados a la Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), popularmente conocida como ‘ley Celaá’, supone un paso clave para la aprobación de una norma que avanza en aspectos fundamentales para la equidad, como la segregación escolar y la gratuidad, la reducción de la repetición, el reconocimiento de la vulnerabilidad social, los itinerarios excluyentes, la revisión del currículo o la calidad en educación infantil. Así lo considera Save the Children, aunque muestra sus dudas sobre el hecho de que algunos objetivos carezcan de medidas concretas y de financiación, por lo que su efectividad dependerá del compromiso por la equidad que tenga cada comunidad autónoma.

La organización también teme que la falta de acuerdo político y social de la ‘ley Celaá’ pueda comprometer su permanencia en el tiempo y comparte la preocupación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en cuanto al diálogo y la estabilidad sobre los aspectos estructurales del sistema educativo, que también señalaba la Comisión Europea la semana pasada.

Ante esta situación, Save the Children cree que durante la tramitación en el Senado de la LOMLOE se deberían alcanzar mayores acuerdos y corregir algunos aspectos fundamentales para la protección y bienestar de la infancia más vulnerable. La organización valora que la ley recoja la regulación estatal de currículo, profesorado y condiciones de los centros de educación infantil 0-3 años para mejorar su baja calidad actual, así como que se priorice el acceso de niños y niñas en situación de pobreza. Sin embargo, a pesar de los anuncios de universalización, la ‘ley Celaá’ no reconoce el derecho a una plaza ni fija calendario para extender esta etapa educativa, fundamental para luchar contra la desigualdad de origen.

Save the Children también manifiesta su preocupación ante la falta de compromisos de financiación, pues la LOMLOE plantea alcanzar el 5% PIB en 12 años desde su aprobación y sin incorporar suelos por comunidad autónoma que corrijan las graves diferencias territoriales. La baja inversión y la ausencia de blindaje legal, que critican sistemáticamente la UE y el Comité de Derechos del Niño, hacen difícil cumplir muchas medidas de la ley.

En lo referido a las ayudas económicas al alumnado, aunque se reconoce el derecho subjetivo a la beca que financia el Ministerio de Educación, Save the Children lamenta que el Estado renuncie a hacer lo mismo y no regule las ayudas en la educación obligatoria, cuya competencia traspasa a las comunidades autónomas, por lo que se mantendrán las desigualdades territoriales en el acceso a comedor o material escolar, que el impacto de la Covid-19 ha sacado a la luz.

La prevención e identificación de la violencia contra la infancia y la educación afectivo-sexual se incorporan al currículo, algo que Save the Children considera absolutamente necesario, pero lamenta que pueda ser insuficiente al plantearse de forma transversal y no como objetivos de las todas las etapas.

En cuanto a la participación infantil en las escuelas, esta se limita a volver a lo recogido en la LOE, no se incorpora ninguna nueva medida para promoverla, ni siquiera se incluye en el currículo de la nueva asignatura de Educación en Valores. Tampoco se potencia la representación y el asociacionismo de niños y niñas en las escuelas, desoyendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en su último informe sobre España.

Medidas esperanzadoras

En lo referido a las novedades más importantes para el alumnado en situación de exclusión social, la LOMLOE recoge varios avances positivos, según Save the Children. Entre ellas, el objetivo explícito de evitar la segregación escolar del alumnado socioeconómicamente vulnerable desde el momento de la admisión, un problema grave en algunas comunidades autónomas. Para ello, se establece que sean las comisiones de escolarización, con una responsabilidad, además de las administraciones, de intervenir cuando se produzca concentración de este alumnado en ciertas escuelas o zonas. Sin embargo, la falta de medidas concretas –como mínimos y máximos por centro u oficinas de escolarización– y de un compromiso de revertirla podría, considera Save the Children, poner en cuestión el cumplimiento real de ese objetivo.

La organización también valora que se reconozca expresamente al alumnado socioeconómicamente vulnerable como colectivo con necesidad de apoyo educativo. Se facilita así la detección temprana y la actuación preventiva y coordinada entre administraciones, favoreciendo, por ejemplo, el acceso a extraescolares o refuerzo. El origen social es el principal condicionante del éxito escolar, algo especialmente grave en el caso de España.

En cuanto a la repetición de curso, la organización da la bienvenida a su limitación ya que es una medida que organismos internacionales consideran cara, ineficaz y que perjudica de forma desigual al alumnado más desfavorecido, cuyos niveles son una anomalía en Europa, y valora que se apueste, en su lugar, por medidas de detección temprana, apoyo y refuerzo. España es el segundo país europeo donde más se repite por ser pobre.

Los avances en garantizar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos también son una buena noticia para Save the Children, pues los cobros de cuotas que se dan, especialmente en concertados, discriminan el acceso a familias sin recursos y generan segregación. Como punto de mejora en este aspecto, la organización defiende que se informe mejor a las familias, se hagan públicas las cuotas y se sancione a los centros que no lo hagan para que sea efectivo. Además, debería venir acompañada de una revisión de la financiación de los centros, también de los concertados, que la adecue en función del tipo de alumnado que escolarice y sus necesidades, algo que Save the Children considera que no queda claro en la redacción actual de la LOMLOE.

Por último, la organización considera que esta ley corrige medidas negativas de la LOMCE que se han probado perjudiciales para la igualdad de oportunidades, como la separación temprana del alumnado de secundaria, o el enfoque de la Formación Profesional Básica, que ahora conducirá al título de la ESO. Además, se incluirá acompañamiento socioeducativo en coordinación con entidades sociales y desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así como se orientará a la continuidad formativa y no al empleo precario.

Fuente: Save the Children