El PP sigue apostando por la educación para las élites a costa de fondos públicos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tratará de blindar la educación concertada y la educación especial frente a la ley Celaá, que pretende aumentar progresivamente las plazas para estudiantes en centros de titularidad pública.
El nuevo texto legislativo impulsado por el Ejecutivo central tras pasar por el filtro de una enmienda transaccional acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y Más País, las autonomías «promoverán un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titularidad pública», en detrimento de los colegios privados sostenidos por fondos públicos.
Díaz Ayuso ha iniciado los trámites para promover una normativa autonómica que garantice que se podrán seguir creando plazas en ambas modalidades escolares siempre que exista «demanda social».
«Ante esta mezquindad vamos a presentar desde este Gobierno una ley que sin fisuras va a defender no sólo a la concertada y la libertad de enseñanza en general, sino, sobre todo, la educación especial», aseguró ayer Ayuso. Bajo los mantras de los de siempre que no comprenden lo que significa tener un hijo en esa situación se fuerza a una inclusión falsa y maniquea que no se consigue siempre para todos los niños de la misma manera», afirmó.
El borrador del anteproyecto educativo madrileño saldrá previsiblemente a información pública este viernes y la intención es que el Consejo de Gobierno lo apruebe antes de final de año y lo remita a la Asamblea de Vallecas para su tramitación parlamentaria.
El 56% de los alumnos escolarizados en la Comunidad de Madrid ocupan plazas en centros públicos, el 29% en concertados y el 15% privados.
Alerta ante el crecimiento de la educación concertada
El sindicato de Comisiones Obreras alertaba en junio que el próximo curso la Comunidad de Madrid tendrá 14.121 plazas menos en la educación pública. El dato procede de un estudio realizado tras recopilar centro a centro el número de plazas disponibles en proceso de admisión de alumnos.
“Desaparecen en total 466 grupos” o clases de distintas etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), según dicho estudio. Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras Madrid, apunta que la medida es “especialmente grave en bachillerato, donde ya faltaban plazas públicas en años anteriores, y en infantil, donde desaparecen 4.175 plazas”. La zona más afectada sería el sur de Madrid, donde, según denuncia, “las aulas están ya especialmente saturadas”.
