El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato del servicio de rastreadores a Indra y Telefónica por 421.080 euros con impuestos. El seguimiento de contactos del Covid-19 y el estudio de seroprevalencia de la Comunidad de Madrid estará ahora en manos de las dos multinacionales.

Esta adjudicación se produjo a finales de mayo, pero hasta ahora no se ha hecho pública, tal y como recoge el Portal de la Contratación Pública del Ejecutivo regional y recoge El Boletín, que destaca que estas dos compañías ya se ocupan del servicio de mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP).

La UTE Indra BPO-Indra-Telefónica se hizo a fecha de 29 de mayo con esta adjudicación por vía de emergencia y tiene duración de 30 días. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, esta privatización afecta a las nuevas contrataciones (42) que se encargan de llamar por teléfono y realizar una encuesta epidemiológica a los contactos, mientras que no afecta a los trabajadores de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (142).

El presupuesto del contrato estima que se realizarían una 4.000 llamadas diarias y el coste individual sería de 2,90 euros.

Esta adjudicación se conoce en medio de las críticas por parte de colectivos sanitarios y sindicatos por la falta de rastreo en la región. Profesionales de Salud Pública y de Atención Primaria están preocupados por la situación. El estudio de contactos se retrasa en ocasiones hasta cinco días desde la notificación del caso y la mayoría de contactos que se detectan son del entorno familiar. Trabajadores reconocen que no se puede hacer un amplio estudio sobre los ámbitos laborales y de ocio por la falta de personal y la acumulación de trabajo.

La Comunidad de Madrid dispone, según su vicepresidente Ignacio Aguado, de 182 personas que se dedican al rastreo de casos de coronavirus en la región: 142 técnicos de Salud Pública y 40 en el Centro de Atención al Paciente. Ni la mitad de los 400 rastreadores prometidos en su día al Ministerio de Sanidad para avanzar en la desescalada.

La secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Cuadrado, ha lamentado que la Comunidad “intentarán justificar” con este contrato “la necesidad de afrontar la situación de crisis sanitaria”, pero estas actuaciones “denotan el mantenimiento de la tendencia a privatizar los servicios públicos, con alevosia y premeditación”.

Según la sindicalista, Ayuso “demuestra su incapacidad y su falta de voluntad y compromiso para garantizar el rastreo de casos” y critica que estén “asentados en la dinámica de atribuir responsabilidades a otros, como está ocurriendo con los casos importados que entran por Barajas, mientras que se intenta que se olvide que aumenta el número de casos en Madrid”.