Obligados por la Justicia: Ayuso inicia los trámites para recuperar 3.000 viviendas protegidas vendidas a un fondo buitre

Como ya informábamos el pasado mes de febrero, el día 1 de ese mismo mes la Comunidad de Madrid recibía una orden judicial para recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora – Goldman Sachs. Los pisos sociales fueron traspasados al fondo buitre por debajo de precio de mercado y han sido en los últimos años objeto de una batalla judicial entre los inquilinos, por un lado, y la Comunidad y el fondo, por otro.

Sin embargo, según un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero y al que tenía acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso renunciaba a recuperar los pisos sociales.

El juzgado daba al Ejecutivo regional un plazo de 10 días para que iniciase los trámites para recuperar los pisos vendidos y el juzgado ordenó al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, es decir, 2.935 viviendas de protección oficial y no 1.722 como pretendía el fondo. Además, el juez ha prohibido al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue.

Sin embargo, los letrados de la Comunidad preparaban la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia y recurrían a argumentos como la «enorme complejidad y volumen» de recuperar las casi 3.000 VPO; el coste de los «trámites registrales»; la «dispersión» de registros o el riesgo de «ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados».

Ahora, el actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, inmerso en la campaña electoral del 4M, ha iniciado recientemente los trámites para recuperar la propiedad de las casi 3.000 viviendas sociales obligado por la Justicia, aunque asegura que seguirá recurriendo la sentencia mientras no sea firme.

El equipo de Díaz Ayuso tiene que publicar la sentencia en El País

Además, el equipo de Díaz Ayuso tiene que publicar la sentencia o aportar las explicaciones pertinentes en El País, algo que todavía no ha hecho y para lo que cuenta con 10 días, que empezaron a contar el pasado 9 de abril. La Comunidad ha contestado que, además de estar recurriendo la decisión, la publicación en el rotativo cuesta mucho dinero. Portavoces regionales de Vivienda dicen estar buscando financiación, es decir, la Comunidad de Madrid asegura no contar con dinero para publicar el fallo en un medio de tirada estatal.

Tal y como consta en los documentos del Registro, a los que ha tenido acceso infoLibre, la Comunidad ha iniciado la anotación preventiva ante el Registro de la Propiedad de las 2.935 viviendas públicas afectadas. La anotación preventiva es la constancia de una pretensión ante el Registro precisamente para cambiar al propietario de un inmueble urbano.

Según explican fuentes del Colegio de Registradores de la Propiedad, cuando se dicta una sentencia judicial no firme, se puede recurrir a la anotación preventiva. «Es una acción prescriptiva con una duración temporal de cuatro años que se cumplirá cuando la sentencia sea firme y no diga lo contrario de lo que venía fallando cuando el fallo era recurrible». También puede hacer una labor «informativa», «pero en este caso se realiza porque así lo ordena el juez», han añadido.

En cuanto a las 1.300 viviendas vendidas a terceros por Goldman Sachs-Azora, el Gobierno regional ha respondido que no tienen ni idea porque la sentencia no dice qué hacer con ellas.