En un nuevo informe titulado Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe (“Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa”), Amnistía Internacional documenta cómo la policía y las fiscalías hacen uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos que ayudan a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

Mediante el uso indebido de la legislación penal se ha atacado y acosado también a organizaciones de la sociedad civil. En Croacia, las ONG ¿Eres de Siria? y Centro de Estudios para la Paz han sufrido hostigamiento, intimación y procesamiento por “ayuda a la inmigración irregular” como consecuencia de haber documentado y denunciado casos de personas devueltas sumariamente y con fuerza excesiva por la policía en las fronteras con Bosnia y Herzegovina y Serbia.

En Italia, miembros de operaciones de salvamento que han salvado la vida de personas que viajaban a Europa en embarcaciones no aptas para la navegación marítima ha sufrido campañas de difamación, han sido objeto de investigación penal y han tenido que aplicar un código de conducta que puede retrasar la operaciones de salvamento y dejar abandonadas en el mar, sin un puerto en el que desembarcar, a la personas a las que rescatan.

Desde agosto de 2017, las autoridades italianas han retenido en múltiples ocasiones barcos de ONG, con la consiguiente reducción de número de buques disponibles para operaciones de salvamento, incluso a pesar de que el índice de muertes en el mar aumentó en 2018 y 2019.

Las autoridades españolas han hecho uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.  

Dos expertos miembros de equipos de salvamento, Sarah Mardini y Seán Binder, pasaron meses en prisión provisional tras ser detenidos por las autoridades griegas por ayudar a personas refugiadas a llegar a la isla de Lesbos. Están todavía en espera de juicio por cargos infundados como facilitar la entrada irregular y espionaje.  

Sarah Mardini ha afirmado: “Ayudábamos voluntariamente a las personas en situación de necesidad. Podríamos pasar 25 años en prisión por ayudar a supervivientes, pero si me preguntan ahora si cambiaría algo, incluso sabiendo que mi vida podría trastocarse totalmente como consecuencia de ello puedo decir que haría exactamente lo mismo.” 

Ante la multas y el coste de su asistencia jurídica, las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes se está criminalizando se ven obligados a dedicar parte del limitado tiempo y los limitados recursos de que disponen para su labor humanitaria a defenderse de cargos infundados y, en el caso de las organizaciones de salvamento marítimo, a conseguir que les devuelvan sus barcos.  

En marzo de 2019, un grupo de personas refugiadas y migrantes se enfrentaron al capitán de barco que las había rescatado, El Hiblu, cuando intento devolverlas ilegítimamente a Libia, a pesar de corrían un riesgo muy concreto de sufrir tortura y otros abusos contra los derechos humanos. Al llegar a Malta, las autoridades maltesas detuvieron a tres adolescentes que formaban parte del grupo por presunto secuestro del barco. Se enfrentan a penas de cadena perpetua por cargos desproporcionados en aplicación incluso de leyes contra el terrorismo. No ha aparecido hasta ahora ningún indicio de que utilizaran la violencia o pusieran a alguien en peligro. 

Amnistía Internacional pide a la UE y sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de la entrada, tránsito y estancia irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda de beneficio material. De este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad.