La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado este martes que la administración pública tiene el reto de generalizar de manera “efectiva” la digitalización en todos los ámbitos, y ha reconocido que donde más problemas existen es en la administración de Justicia debido “a su envergadura” y a que ha contado con “unos medios económicos que han dificultado enormemente el camino que otras administraciones han recorrido ya”.
“Es una asignatura pendiente, por ello, la efectiva digitalización de nuestro sistema judicial; es una de las responsabilidades que asumimos como Gobierno y que creo que debería asumir cualquier gobierno”, ha apuntado.
Durante su participación en la clausura de las jornadas ‘España Empresa Digital’ en la Cámara de Comercio, Batet ha subrayado además que a pesar de los retos pendientes, la administración española “se encuentra en los primeros puestos del proceso de digitalización entre las administraciones europeas”, y ha recordado que “la digitalización es una necesidad fundamental de empresas y personas que la Administración debe garantizar”.
A pesar de este liderazgo a nivel europeo en digitalización, Batet ha destacado que existen retos por delante para avanzar en este campo, como “la generalización efectiva de la digitalización a todos los ámbitos y sectores de la administración” o “la consolidación de las capacidades técnicas de las administraciones”. Sobre este punto, ha indicado que el cambio hacia lo digital ha sido “tan vertiginoso que los avances se han realizado en ocasiones con medios técnicos precarios” y en determinados casos ha generado “necesidades crecientes en cuanto a aspectos como la seguridad”.
La ministra de Política Territorial ha añadido a esto que la información en poder de la administración se ha convertido en un producto con “valor económico para terceros”, por lo que ha apostado por prestar mayor atención a las reglas de explotación de la misma, proporcionando “garantías y control”.
“LLEGAR A TODOS LOS LUGARES DEL TERRITORIO”
Además, Batet ha insistido en que la digitalización “hoy no es ya una opción, sino una necesidad fundamental también de los ciudadanos”, por lo que ha apuntado que es fundamental la llegada de las infraestructuras de comunicación a todos los lugares del territorio español.
“La función de garantía de la administración alcanza todo su sentido en el marco de la Estrategia sobre el reto demográfico que se elabora en el Ministerio de Política Territorial para hacer frente a las dinámicas de despoblación en buena parte de nuestro territorio rural”, ha explicado, para añadir que ese acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación “es todavía un reto pendiente”.
Batet ha señalado además que la digitalización de la administración pública “amplía y genera nuevos derechos para los ciudadanos”: el acceso a la información, de actuación frente a la administración o de transparencia. Pero a estos derechos ha sumado el potencial riesgo que puede suponer para su ámbito privado, para la propiedad intelectual e industrial.
“Un riesgo que proviene no sólo de las administraciones públicas, sino de todos los actores en el mundo de las tecnologías de la información”, ha añadido Batet, para luego apuntar que la administración debe impulsar sus capacidades de vigilancia y control de la legalidad en estos ámbitos, “en los que su presencia es a veces insuficiente”.
“NO DEJAR DE LADO A LOS CIUDADANOS CON DIFICULTADES”
Por otro lado, Batet ha recordado la importancia de asegurar el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a la administración, motivo por lo que ha destacado que el “proceso dedigitalización no puede dejar a un lado a los ciudadanos que tienen dificultades para actuar en un entorno digital”. En este sentido, ha añadido que el Estado “no debe tampoco imponer barreras técnicasque condicionen sus opciones y debe ser un instrumento de transparencia en la acción administrativa y no un riesgo añadido de opacidad en la misma”.
Además, ha recordado que el Gobierno ha estado trabajando en laelaboración del proyecto de carpeta ciudadana, que “garantizará el acceso en un único lugar a todos los expedientes que tenga con laadministración”.
