El portavoz nacional de Anova Antón Sánchez describe en un artículo de opinión el escándalo que supone la no aprobación de las Directrices da Paisaxe de Galicia por parte del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo mientras el Partido Popular ha impuesto sin debate un modelo que únicamente favorece a las grandes empresas energéticas.

Según expone, en diciembre de 2016 el presidente Feijóo, tras reunirse con su Gobierno, anunciaba la tramitación ambiental de una normativa específica de amparo al paisaje gallego, que según anunció estaría aprobada al año siguiente.

Beatriz Mato, que entonces era conselleira de Medio Ambiente, también defendía que ese instrumento, bajo la denominación de «Directrices da Paisaxe», sería fundamental para integrar en el territorio las diferentes actividades económicas de un modo harmonioso, pues su finalidad última era el establecer parámetros de calidad paisajística, implementando medidas para conseguirlos y conservarlos.

Beatriz Mato en un acto público del Gobierno gallego / Xunta de Galicia

En el ámbito eólico el borrador introducía una serie de medidas que condicionaban tanto la ubicación como el modo en que se puede hacer la instalación de este tipo de centrales energéticas teniendo en cuenta el impacto paisajístico.

Según Antón Sánchez, las Directrices da Paisaxe «condicionan de tal modo» que tanto Gas Natural Fenosa -actualmente Naturgy- como la patronal eólica, de la que hoy en día Beatriz Mato forma parte de su directiva de manera insólita en presentación de Greenalia, presentaron alegaciones en el período de exposición pública «porque evidentemente se reducían las posibilidades de negocio».

Paralelamente, se acababa el período de parálisis del sector eólico y en junio de 2017 se convocaba una subasta de energías renovables por parte del Gobierno del Estado donde a Greenalia se le adjudicaron 133 MW y al sector eólico gallego 500 MW en total, que deberían estar instalados antes de 2020.

Para el portavoz nacional de Anova, «para allanarle aún más el camino a este conglomerado de inversores» compuesto por eléctricas, constructoras, bancos o fondos buitres, el Gobierno de Feijóo y Beatriz Mato aprobaron «por la vía rápida» y con «alevosía», la Lei 3/2017, de fomento da implantación de iniciativas empresariais, que introduce notables cambios legislativos en lo referente a los proyectos eólicos, que pasan a ser considerados como estratégicos, multiplicando el negocio de los grandes conglomerados energéticos.

De hecho, con esta norma, las iniciativas eólicas de empresas como Greenalia pasan a ser considerados como de especial relevancia, se les reducen a la mitad los trámites, pero también los plazos de alegación, reduciendo las posibilidades de defensa tanto de particulares afectados como de colectivos ambientales. «Con estos acontecimientos se desató una carrera febril para el desarrollo de hasta un mínimo de 22 proyectos de parques eólicos a lo largo y ancho del país» -denuncia Sánchez-.

Según denuncia Antón Sánchez, la reapertura del panorama eólico no fue acompañado de las necesarias medidas del protección del paisaje / Creative Commons

Para el responsable político, diputado autonómico en las dos últimas legislaturas «lo lógico entonces sería que un Gobierno responsable aprobase las Directrices da Paisaxe, para que esa fiebre eólica se diese en unas condiciones que garantizasen mejor la conservación de nuestro paisaje de la que tanto se enorgullecen nuestros gobernantes«. Sin embargo «¿la idea de la Xunta era que las Directrices da Paisaxe serían un obstáculo para el negocio de estas empresas que tendrían más limitadas las posibilidades de implantación de os eólicos y la forma de instalarlos» -se pregunta-.

Antón Sánchez, finalmente, no encuentra «una respuesta explícita a esta pregunta» pues aún a día de hoy, las Directrices da Paisaxe prometidas por Feijóo para 2017 no están aprobadas. Sin embargo, Beatriz Mato ha sido fichada recientemente por Greenalia en un nuevo y «escandaloso» caso de «puertas giratorias» y el paisaje gallego, en último término, es quien está sufriendo las consecuencias.