El pasado mes de marzo entró en vigor la nueva Ley del Alquiler, que, entre otros cambios, establece que, si no hay pacto entre las partes para la actualización anual de la renta, el aumento de precio del alquiler no podrá exceder la variación del último IPC publicado en la fecha de revisión.

Pese a que la norma nació para limitar el encarecimiento de la vivienda, ya hay que encontró una grieta para seguir elevando el precio de sus inmuebles de alquiler. Este sería el caso del fondo buitre estadounidense Blackstone, que cuenta con unas 20.000 viviendas en todo el país que le convierten en uno de los mayores gigantes del alquiler residencial en España.

Este fondo estaría aplicando subidas encubiertas en el precio del alquiler de sus inmuebles a través de la eliminación progresiva de bonificaciones y descuentos. La fórmula es sencilla: Blackstone pacta con el inquilino una renta al mes. Pero el primer año le aplica un generoso descuento (que se aplica de una sola vez). En el segundo ejercicio le quita la rebaja. En el tercer año, el arrendatario comienza a desembolsar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma mensualizada y a partir del cuarto año debe hacer frente al gasto de la comunidad de vecinos.

Esta práctica comercial es legal (aunque no ética), a pesar de que vulnera el principio sobre el que se basa la nueva ley del alquiler, que es el de no aplicar subidas de precio mayores que la inflación.

La sociedad inmobiliaria destaca que este práctica cuenta con el aval de sus asesores jurídicos y se lleva aplicando desde antes de verano. Ingeniería fiscal al servicio de los fondos buitre y con total impunidad para usarla en nuestro país.

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