La sentencia de diez años de prisión para la ex-presidenta «interina» Jeanine Áñez, que acaba de decidir un juzgado en La Paz, no dejó satisfecha a ninguna de las partes enfrentadas y no cerrará las heridas del pasado reciente de Bolivia. La oposición (que en general no apoyó a Áñez más que con comunicados) ha considerado el juicio ilegítimo de principio a fin. La defensa ha señalado que apelará dentro y fuera del país, con lo que el conflicto judicial seguirá latente. Y el oficialismo no logró o no quiso plantear un juicio de responsabilidades sobre la gestión presidencial y entonces ha tenido que resignarse a una pena menor que la que cree que Áñez merece por sus actos como presidenta, entre ellos dos masacres -con 36 asesinatos y más de 80 heridos- y cientos de detenidos y exiliados. Áñez solo fue juzgada por su acciones entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando asumió la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales. De modo que las presiones internas por nuevos juicios para tratar estos delitos volverán a plantearse.

La situación por resolver cuando comenzaba la gestión de Luis Arce era, sin duda, muy complicada. El procedimiento legítimo e integral hubiera sido un encausamiento de Áñez por el Parlamento, el único que podía habilitar el «juicio de responsabilidades», la opción legal establecida por la Constitución para procesar a los ex-mandatarios. Para ello se requerían dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa, una cantidad de votos con los que el Movimiento al Socialismo (MAS) no contaba. Por la polarización política que la crisis de 2019 había generado, era improbable que la oposición apoyara el procedimiento, que además enfrentaba dificultades técnicas.

Al mismo tiempo, Arce no podía dejar de cumplir su promesa electoral de llevar al estrado a Áñez y sus ministros. Aunque la ex-presidenta asombraba con su decisión de no irse del país tras el triunfo del MAS en 2020, eso podía cambiar en cualquier momento; sus ministros encargados de la seguridad, los más buscados por el nuevo gobierno de Arce, ya se habían fugado (Arturo Murillo, del Interior, terminaría preso en una cárcel en Miami por corrupción y lavado de dinero).

Así que el equipo jurídico gubernamental orquestó la estrategia legal, muy cuestionada posteriormente, de dividir los ilícitos supuestamente cometidos por Áñez en al menos tres grupos: (a) conspiración para la toma del poder o «caso Golpe I», (b) actos administrativos contrarios a la Constitución para proclamarse como presidenta o «caso Golpe II», que es el que se acaba de sentenciar y (c) actos gubernamentales –entre ellos, la represión sangrienta de las protestas de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019– que debían evaluarse en un juicio de responsabilidades.

Según la defensa y los organismos internacionales de derechos humanos, esta división afectó los derechos de la acusada. A la fiscalía le permitió encausar a Áñez en los tribunales ordinarios, arrestarla en marzo de 2021 y mantenerla en «detención preventiva» desde entonces, con un sinfín de percances debidos a la mala salud de la reclusa, a la fuerza y emotividad del apoyo que recibió de sus hijos y a la adhesión de los grandes medios de comunicación a su causa. No puede extrañar si se toma en cuenta que muchos propietarios de medios respaldaron el juramento de Áñez el 12 de noviembre de 2019.

En su última declaración ante los jueces que la sancionaron, Áñez dijo que «volvería a hacer» lo que hizo en 2019, mostrando, otra vez, tanto su valor personal como la irreflexividad que caracterizaron su paso por la vida política boliviana. Cuando se realizaron las elecciones del 20 de octubre de 2019, Áñez era una senadora que no buscaba la reelección y, por tanto, estaba a punto de retirarse. Se la conocía por su odio al presidente Morales y por su condena, a veces con tonalidades racistas, de los movimientos indígenas. Áñez tenía un papel de segunda línea dentro del ala de los «halcones» de la oposición de derecha, en la cual destacaba por su torpeza Arturo Murillo, su amigo y futuro ministro.

Las elecciones de 2019 terminaron con una victoria de Evo Morales con la cantidad de votos casi milimétricamente exacta para imponerse en la primera vuelta. La forma chapucera y sospechosa en que este resultado –de hecho difícil de comunicar– fue presentado a la población por el Tribunal Electoral, y la predisposición de mucha gente a creer que Morales hacía trampas, porque se había habilitado a esas elecciones desoyendo el resultado de un referéndum que había negado tal pretensión en 2016, condujeron al desastre.

El MAS fue arrinconado por las movilización de las clases medias en contra del «fraude descomunal» y en favor del resultado del referéndum de 2016 («Bolivia dijo No»); la policía se amotinó, sumándose a lo que así se convirtió en una insurrección; y los militares no solo decidieron no defender al presidente Morales, sino que además contribuyeron a su caída al «sugerirle» a Morales que renunciara.

La tarde del 10 de noviembre, momento de la renuncia de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, el gobierno se hundió desordenadamente. Los movilizados atacaron las casas de las figuras oficialistas más conocidas, que tuvieron que ponerse a buen recaudo. Muchos funcionarios renunciaron a sus cargos públicos para alejar el peligro de sus familias. Al mismo tiempo, todo indica que Morales decidió adoptar una estrategia de «tierra quemada», lo que determinó las renuncias públicas de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, que podían sucederlo, por lo que la línea de sucesión quedó vacía (la nueva Constitución de 2009 no incluye en ella al presidente de la Corte Suprema, como ocurría con la anterior).

Áñez era entonces la segunda vicepresidenta del Senado, la máxima autoridad parlamentaria de la oposición. La oposición consideró que como había «vacío de poder» podía asumir a la vez la Presidencia del Senado y luego la Presidencia. Consiguieron incluso un comunicado de prensa (no resolución) del Tribunal Constitucional Plurinacional que recordaba que en ningún caso el país podía caer en un «vacío de poder». (La historia de cómo apareció este comunicado está rodeada de misterio, pues el oficialismo, que ha decidido mantener el mismo Tribunal Constitucional de entonces, permitió que este se retracte de este «desliz» y borre con el codo lo que había escrito con la mano).

Pero, como decíamos, la mayoría de los parlamentarios masistas siguió en sus bancas (el MAS controlaba dos tercios del Congreso). Una que no renunció fue Susana Rivero, la vicepresidenta de Diputados. Lo haría posteriormente, el 14 de noviembre, pero en el momento de la conformación del nuevo gobierno ella tenía mejores credenciales legales que Áñez para asumir. Este fue uno de los argumentos de la fiscalía en el juicio contra Áñez.

Sin embargo, el principal argumento acusador fue que, estando la Asamblea Legislativa y pudiendo funcionar, Áñez debió haberle entregado el poder a ella, que es su fuente democrática, para que, con el quórum reglamentario, aceptara la renuncia del presidente y el vice y nombrara como presidente del Senado y, por tanto, presidente constitucional del país, a quien quisiera. En lugar de eso, Áñez actuó como si la Asamblea no existiera y se proclamó sucesora ipso facto en un hemiciclo semivacío.

La cuestión del quórum de esa sesión ha dado lugar a una larga disputa. La defensa alegó que los parlamentarios del MAS se confabularon para no asistir a la reunión convocada el 12 de noviembre para definir la cuestión. Los oficialistas argumentaron que Áñez no hizo nada para trasladar a los diputados y senadores desde sus regiones a La Paz –la Asamblea Legislativa estaba en receso por las elecciones y por la convulsión social– y que su seguridad física corría peligro. Lo que dio lugar a otro debate: ¿podía el país esperar más tiempo a elegir un gobierno? En Bélgica o Suiza no habría pasado nada incluso si se tardaba meses en convocar a la Asamblea, pero en una Bolivia convulsionada y con la policía amotinada, la situación resultaba más urgente.

Aquí entra una consideración crucial: en ese momento insurreccional, cuando la gente que había triunfado en la lucha por el poder todavía seguía en las calles, y con los policías y militares de su lado, que trataban de asegurarse de no recibir sanciones por sus actos, ¿podía formarse un gobierno dirigido por una militante del MAS? El candidato opositor Carlos Mesa lo dijo públicamente en esos días. A él –y a cualquier otro que fuera realista– le parecía que, en tal situación, la gente no aceptaría a un masista como presidente.

En suma, como dice el refrán, se juntaron el hambre (de Áñez y la oposición, que subieron al trono a toda prisa, dejando de lado al Parlamento) con las ganas de comer (es decir, la necesidad inmediata de un gobierno y la imposibilidad física de que este fuera dirigido por un o una masista) para conformar el «gobierno interino» que emergió en ese momento y que posteriormente, luego de casi un año de gestión, dejaría una triste memoria. Para complicar las cosas, la mayoría parlamentaria del MAS siguió en su sitio y más tarde le enviaría a Áñez las leyes para que las promulgara, lo que implicaba en los hechos reconocerla como presidenta.

Por supuesto, el tribunal que juzgó a Áñez no entró en estas consideraciones. No debe de haber justicia más formalista -y al mismo tiempo servil al poder de turno- que la boliviana. Para esta nada cuentan las razones históricas y políticas, las motivaciones psicológicas. El tribunal dictaminó que no se cumplió el procedimiento constitucional de sucesión y punto. Eliminó todas las pruebas y testigos que no tuvieran que ver con este asunto.

En cuanto a los ex-jefes militares y policiales que también fueron procesados por los mismos delitos, consideró que ayudaron a consumar la proclamación ilegal de la presidenta y que deliberaron, algo que tienen prohibido. Pero si el ex-comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el ex-comandante de la policía, Yuri Calderón, terminaron con condenas tan prolongadas como la de Áñez, esto se debió a que se hallan prófugos; de lo contrario probablemente habrían recibido una condena menor, como ocurrió con los demás militares sancionados. Lo cual debe de resultar difícil de comprender para quienes, especialmente fuera de Bolivia, defienden la teoría de que lo sucedido en 2019 fue un «golpe de Estado militar».

Pese a la decisión de los jueces, la polémica no se suspenderá porque como han señalado organizaciones internacionales de derechos humanos y observación judicial, el sistema judicial boliviano carece de entidad propia. Esto se probó fehacientemente en este tiempo en el que, sin cambiar de operadores, dicho sistema saltó de permitir que Evo Morales se habilitara para una reelección contra la voluntad popular, cuando era presidente, a enjuiciarlo en decenas de casos cuando dejó se serlo y se exilió, para luego suspender estos procesos tras la vuelta del MAS al poder. Y, que, como hemos visto, pasó de convalidar la sucesión ipso facto de Áñez a condenarla por lo mismo.

Arce perdió la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Acabó así por contribuir a impulsar el péndulo judicial. Muchos creen que la veleidad política de los operadores de la justicia es responsabilidad de los sucesivos gobiernos, pero en realidad lo es, sobre todo, de la propia justicia, que se suma a las corrientes políticas de turno motu proprio, para asegurarse cargos y que no se hagan reformas que la limpien de corrupción. Un toma y daca que Arce ha continuado, pues es improbable que encare una reforma profunda del sistema judicial en lo que le queda de gestión. Como dijimos, el presidente boliviano ni siquiera ha tocado al Tribunal Constitucional, que tan importante papel cumplió en el «golpe de Estado» del que el oficialismo habla.

Si nada va a cambiar en la justicia, entonces es previsible que en el futuro, si las condiciones políticas se modifican, el mismo sistema que hoy le ha bajado el dedo a Áñez revierta esta sentencia. A eso apuntan, al menos, quienes respaldan a la ex-presidenta. «La sentencia contra Jeanine [Áñez] no mancha a quien la recibió, sino a quienes la impusieron en contra de la ley. Un día restauraremos el Estado de derecho en Bolivia y este caso se estudiará como un ejemplo de todo lo que estaba mal en Bolivia en 2022», tuiteó, por ejemplo, el empresario y político opositor Samuel Doria Medina.

* Fernando Molina es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009) e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País.

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