El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha dado un nuevo paso en la liberación del mercado armamentístico brasileño. Esta semana ha firmado cuatro nuevos decretos que facilitan la adquisición de armas por parte de la población civil del país. Con este último movimiento ya son 30 los decretos firmados desde su llegada al poder en 2018.
La medida fue anunciada de manera sorpresiva vía Twitter. El contenido de los cuatro decretos aumenta el número de armas que puede tener un ciudadano a 6 y 2.000 municiones. En el caso de cazadores y tiradores la cifra se eleva hasta las 60 armas de fuego.
El marco legal termina de completarse al facilitarse la obtención de licencias, aumentar los años de permiso de posesión de armas y reducirse competencias de control y seguimiento al Estado y el Ejército.
Bolsonaro continua cumpliendo con una de sus medidas estrella en las elecciones presidenciales de 2018, facilitar el acceso de armas para la «autodefensa». Desde el inicio de su mandato, y gracias a la legislación introducida, en apenas dos años la tenencia de armas por parte de civiles ha aumentado en un 65%, siendo ya más de 1,1 millones el número de armas en poder de la población brasileña.
El mandatario consideró a inicios del mes de febrero una garantía tener «un pueblo armado», pues ello «impide que un gobernante se convierta en un dictador». También aseguró que próximamente presentará una iniciativa legislativa que impida que la justicia pueda juzgar a un policía que mate durante su servicio a un delincuente, la llamada «exclusión de licitud».
La medida fue rápidamente respondida por los principales grupos de oposición. Tanto el Partido de los Trabajadores (PT) como el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y otros grupos han confirmado que recurrirán por todas las vías posibles estas decisiones. De hecho, ya han sido recurridos ante la justicia estos últimos cuatro decretos presidenciales.
En materia armamentística no sería la primera ocasión que la Justicia frena las intenciones de Bolsonaro, pues varías de sus iniciativas ya han topado con el veto de la judicatura al considerar sus propuestas extralimitadas en su función o ilegales.
También aliados parlamentarios del presidente han mostrado su rechazo a la medida. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Ramos (del Partido Liberal), criticó las nuevas medidas. “Más grave que el contenido de los decretos relacionados con las armas promulgados por el presidente es el hecho de exceder su poder regulador y adentrarse en una competencia exclusiva del Poder Legislativo. El presidente puede discutir su pretensión, pero enviando un proyecto de ley a la Cámara”, escribió en Twitter.
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